El Gobierno aprueba la nueva ley de secretos oficiales

El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su última reunión antes de vacaciones, el proyecto de ley de protección de materias clasificadas, que sustituirá a la vigente ley de secretos oficiales de 1968, y, dio luz verde a sendos proyectos sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y el impuesto del patrimonio.El nuevo proyecto divide las materias clasificadas en cuatro categorías: máximo secreto, secreto, confidencial y difusión limitada; según los criterios de la OTAN. La competencia para clasificar una materia corresponderá exclusivamente al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros, pero la calificación de documentos concretos podrá delegarse en altos cargos de Interior y Defensa (ver EL PAÍS del 2 de julio).

El Ejecutivo remitió también a las Cortes otro proyecto sobre concesión de un crédito extraordinario, por 3.044.100.000 pesetas, para completar la aportación del Estado a la sociedad estatal Barcelona Holding Olímpico SA, en relación con el ejercicio de 1989. Asímismo, acordó indultar al joven Fidel Vera de los delitos cometidos hace ocho años.

El Gobierno nombró embajador de España en Siria a Gil Armangüe Rius; director del gabinete técnico de la Comisión Nacional del Juego a Santiago Felipe Mendioroz; y director general del Servicio Militar a Laureano García Hernández. García, periodista de profesión, estrenará esta dirección general, creada con motivo de la reciente reestructuración del Ministerio de Defensa, para poner en práctica la reforma del servicio militar.

Entre los acuerdos del Gobierno figura también un proyecto de convenio entre el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla para la financiación conjunta de obras de infraestructura municipal para la Exposición Universal de 1992.

También dio el visto bueno a un real decreto, propuesto por el ministro de Sanidad, que regula las tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor. La indicación del grado alcohólico en las etiquetas de las bebidas con un grado de alcohol superior al 1,2% resultará obligatoria.

Igualmente, el Gobierno autorizó la remisión a las Cortes de cartas constitutivas de dos acuerdos reconociendo el derecho a votar en elecciones municipales a los suecos en España y a los españoles en Suecia, e igual tratamiento para los noruegos. Las condiciones para que suecos y noruegos puedan votar en España son idénticas y se limitan a estar en posesión del permiso de residencia, residir legalmente en territorio español durante tres años y figurar en el padrón del municipio donde les corresponda votar.

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