Aprobada judicialmente la quiebra de la distribuidora Marcol

El Juzgado de Instrucción número uno de Valencia aprobó ayer la declaración de quiebra de la empresa valenciana de distribución comercial Martínez Colomer (Marcol). La petición fue solicitada por la firma catalana Grupo de Riesgos IBD en nombre de un colectivo de acreedores con los que Marcol tiene contraídas deudas cercanas a los 600 millones de pesetas, según confirmó ayer a este diario Florencio Díaz, director de Grupo de Riesgos.Esta decisión se une al rechazo por parte de la Consejería de Trabajo de la Generalitat valenciana de un expediente de suspensión temporal de empleo, solicitado por la dirección de Marcol como consecuencia de un incendio ocurrido el 5 de junio en una sede de la empresa en la ciudad de Valencia. Esta solicitud afectaba a 405 de los 580 trabajadores empleados en el centro siniestrado. La plantilla total de Marcol se eleva a 1.300 trabajadores.

Los solicitantes de la demanda de quiebra, presentada a finales del mes de mayo en los juzgados de Valencia, piden el arresto de los responsables de la compañía y también instan al juzgado a que autorice la realización de una auditoría para tener un conocimiento real de la situación económica de la empresa. Marcol cuenta con centros comerciales abiertos en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Alicante.

Según afirmó Florencio Díaz, durante los próximos días el juez deberá establecer una fianza en metálico que deberán satisfacer los responsables de Marcol, que en este caso es la familia Ortells accionista mayoritaria.

Balances deficitarios

La próxima semana está previsto, según el Grupo de Riesgos que el juzgado nombre al comisario y depositarios de la quiebra, mientras los síndicos designados por el grupo de acreedores investigan si la quiebra es fraudulenta o no.Marcol, con una facturación anual aproximada de 8.000 millones, registra durante los últimos diez años balances deficitarios. La firma de distribución comercial, fundada por el empresario Ernesto Martínez Colomer durante la década de los cincuenta, pasó a formar parte del holding Rumasa. Como consecuencia de ello fue expropiada por la Dirección General del Patrimonio del Estado con el resto del grupo. Juan Ortells, padre del actual consejero delegado de Marcol, adquirió a Patrimonio en 1985 la propiedad de la empresa junto con unos fondos públicos próximos a los 3.800 millones de pesetas destinados a su relanzamiento. Este periódico no pudo hablar ayer con directivos de Marcol.