Para que no vuelva a ocurrir

Familiares de víctimas de las fuerzas de orden público piden que no haya más muertes absurdas

El 2 de julio hará dos años que un guardia civil de paisano, en un discusión trivial, mató a un joven, Miguel Ángel Aguilar, e hirió gravemente a otro, Felipe Martín, en el barrio madrileño de Villaverde Para recordar esta muerte absurda y exigir que no haya nuevos casos, una asociación de reciente creación ha convocado una manifestación ese día y en el mismo lugar. Todos sus socios tienen en común la muerte de algún familiar o amigo por una reacción desproporcionada de algún policía, guardia civil o vigilante jurado, y todos denuncian el trato de favor del que gozan los acusados con uniforme.

"Nuestro abogado hace ya un mes que pidió un careo con los guardias civiles, y aún estamos esperando. No hay voluntad de esclarecer los hechos por parte de los organismos oficiales". La constatación de que todo son dificultades y cortinas de humo para investigar las muertes cuando los responsables son miembros de las fuerzas de orden público llevó a Francisco Javier Santaren -hermano de José María Santaren, muerto por un guardia civil a la salida de una discoteca en Villalba- y Pedro García Comendador -hermano de la novia del fallecido- a crear una asociación similar a la de familiares de víctimas del terrorismo, aunque en este caso los homicidas son siempre policías y guardias civiles."Cuando me enteré del muchacho muerto en Villalba me vino a la memoria la imagen de mi hijo, con una pistola en el cuello y un disparo que casi lo mata. Entonces pensé que había que hacer algo". La madre de Felipe Martín se puso en contacto con Gracía Comendador. Empezaron a llamar a otras personas y la lista de gente dispuesta a participar engrosó rápidamente: José y Concha Benito, hermanos de Juan Carlos Benito, joven muerto en Sacedón (Guadalajara) cuando cogía caracoles por la noche, el 29 de abril de 1985. Florentina Martín, madre del niño Félix Domínguez, de dos años, muerto en un control nocturno el propio Felipe Martín, los padres de Juan Mañas, uno de los tres jóvenes del caso Almería, o Paloma Corella, hermana de Santiago Corella, el Nani, cuyo cuerpo aún no ha aparecido. Casos que convulsionaron la transición democrática española.

A raíz de la muerte del niño Félix Domínguez, en el cruce de carretera de Valmojado (Toledo), en 1983, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, anunció que se impartirían nuevas instrucciones basadas en que "es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente". En cuanto al uso de las armas, Barrionuevo afirmó que sólo se utilizarían cuando fueran evidentes las intenciones del contrario de agredir a las fuerzas del orden.

Ayuda mutua

Para Fernando Salas, abogado de la asociación, la realidad ha desmentido las previsiones del ministro. "No hay más que recordar a Felipe Domínguez, muerto por un policía, en junio de 1987, en Alcalá de Henares, cuando quiso huir con las manos esposadas a la espalda.

"Es bueno que exista la asociación. Nosotros ya hemos pasado la experiencia y podemos ayudar a otras personas", afirmó Paloma Corella a este periódico.

Florencia Martín coincide con Paloma en el sentimiento de sentirse maltratada por la justicia: "Hicieron lo imposible por echarnos la culpa. Primero dijeron que el que conducía era mi hijo; luego, que nos habíamos saltado el control. La verdad es que disparan porque saben que luego no les va a pasar nada".

"Pegas las que nos pusieron a nosotros", afirmó José Benito. "Cuando llegaron los policias para hacer el atestado, habían desaparecido los casquillos de las balas". El guardia civil que disparó fue condenado a cinco años. "Pero aún no ha ido a la cárcel. Al contrario, sabemos que ha estado prestando servicio en Guadalajara". añadió José.

Los fines de la asociación de perjudicados, según consta en sus estatutos fundacionales, no tienen ningún carácter político. Son estrictamente de ayuda mutua y de asesoramiento y apoyo a personas que se vean envueltas en desgracias similares, sin excluir los actos de presión al Gobierno para que las fuerzas de orden basen su actuación en el respeto a los derechos consagrados en la Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 26 de junio de 1990.

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