Libertades y derechos

Uno de los aspectos más importantes de la libertad norteamericana, poco comprendido por los propios norteamericanos y apenas percibido en el exterior, es la función de los tribunales federales en la interpretación de los derechos y libertades civiles. Los derechos a que me refiero están recogidos principalmente en tres grupos de enmiendas incorporadas a la Constitución en muy distintas circunstancias. Las 10 primeras enmiendas, la Carta de derechos, tenían por objeto proteger al individuo contra un potencialmente abusivo poder del Gobierno. En el momento de la convención constitucional, en 1787, solamente tenían derecho al voto los varones blancos dueños de un mínimo de propiedades, y antes de permitir que las legislaturas de los 13 Estados ratificaran la nueva Constitución exigieron un conjunto de enmiendas que garantizaran la protección de las libertades de expresión y prensa, la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho a portar armas, el de ser juzgado por un jurado o la protección contra los registros arbitrarios y contra cualquier privación de "la vida, la libertad o la propiedad sin los procedimientos legales debidos". La expresión libertades civiles se refiere a esas garantías de la Carta de derechos.

Más tarde, en el periodo 1865-1868 se añadieron las enmiendas 13, 14 y 15 para proteger lo que se conoce como derechos civiles de los recientemente liberados esclavos negros. Finalmente, en 1920, la enmienda 19 proclamó el derecho de las mujeres al voto. En la década de los sesenta de este siglo estuvo a punto de ser añadida una enmienda mucho más amplia sobre los derechos de la mujer, pero no fue ratificada por la mayoría necesaria de las legislaturas estatales. Este vacío no era tan importante como podría parecer, pues todas las enmiendas anteriores hacen referencia a las personas, no a los hombres, y los jueces nunca han negado que las mujeres fuesen personas.

Hasta mediados del siglo actual, la mayoría de los casos concernientes a la Carta de derechos estaban relacionados con las libertades de expresión, prensa y organización política y sindical y con la separación de la Iglesia y el Estado. Los derechos de las minorías raciales no recibieron mucha atención hasta que esas minorías se hicieron parte importante como fuerza de trabajo y en las fuerzas armadas durante la II Guerra Mundial. Los derechos de la mujer, aparte del tema del sufragio, no fueron importantes hasta que las mujeres se incorporaron a los terrenos laboral y profesional a partir de 1940. También fue un factor condicionante general el hecho de que los horrores del nazismo crearon una nueva sensibilización hacia las discriminaciones racial y sexual.

Históricamente, el Tribunal Supremo ha actuado como árbitro final en lo relativo a la constitucionalidad de las leyes estatales y federales con respecto a la rectitud de las decisiones de los tribunales federales ordinarios. Así, en este siglo, cuando organizaciones tales como la Unión de Libertades Civiles Norteamericana (ACLU) y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) empezaron a hacer valer los derechos legales de los radicales políticos, las minorías raciales y las mujeres, basaron sus reclamaciones principalmente en la enmienda 14 que establece que ningún Estado proclamará ni hará cumplir ninguna ley que limite los derechos de ningún ciudadano de la unión federal y que ningún Estado "privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin los procedimientos legales debidos, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción una protección legal igualitaria".

Llegados a este punto, es esencial tener una idea clara del prestigio y continuidad del Tribunal Supremo. Los nueve jueces son propuestos por el presidente y confirmados por el Senado. Desempeñan su cargo hasta el retiro voluntario o hasta su muerte, lo cual significa que pueden estar en activo 20 o 30 años después de finalizado el mandato del presidente que los nombró. Los presidentes Roosevelt, Truman, Eisenhower y Johnson requirieron el consejo de los abogados más importantes del país, y aunque mostraron una natural tendencia humana a preferir personas que compartieran sus ideales políticos, estaban más preocupados por la competencia profesional y la categoría moral que por los antecedentes políticos.

Durante el periodo 1945-1980 aproximadamente, los jueces nombrados por los presidentes citados tomaron una serie de decisiones históricas que extendieron, por primera vez en la historia de EE UU, los derechos civiles plenos a las minorías raciales. Quizá el personaje más importante haya sido Earl Warren -presidente del Tribunal Supremo y ex gobernador republicano de California-, nombrado por el presidente Dwight Eisenhower.

La función del Tribunal Supremo no es iniciar cambios legislativos, pero cuando individuos o colectivos que se sienten discriminados, protestan la aplicación de las leyes existentes en los tribunales ordinarios estatales o federales, es función del Tribunal Supremo, previa apelación ante esos tribunales ordinarios, decidir si las leyes se están aplicando de forma que nieguen los derechos de las minorías raciales y de las mujeres. El derecho más fundamental establecido en esas décadas, objetivo último del movimiento de los derechos civiles y por el que Martin Luther King dio su vida, fue el derecho a inscribirse para votar y para salir elegido, un derecho negado a los negros durante los primeros 70 años que siguieron a la guerra civil.

El Supremo también proclamó el derecho a la plena igualdad de oportunidades de educación: que en todas las escuelas, públicas y privadas, desde la guardería a los programas de doctorado, no se harían distinciones por motivos de raza o sexo. Declaró que las leyes Jún Crow, aquellas ordenanzas estatales y municipales que discriminaban a los no blancos en los medios de transporte, restaurantes, hoteles, hospitales o parques, eran negativas anticonstitucionales de los derechos y privilegios del ciudadano y del derecho de toda persona a una protección legal igualitaria.

En una serie de decisiones menos llamativas, pero igualmente importantes, el Supremo abolió multitud de leyes estatales y locales que proclamaban que las mujeres y los no blancos estaban inherentemente incapacitados para determinados trabajos. En favor de una justicia igualitaria para los pobres e ignorantes de todas las razas, el tribunal estableció la norma de Miranda, que exige a la policía informar a todos los sospechosos de su derecho a un abogado de su propia elección y a no declarar hasta ser llevados a juicio. Además, como medida para evitar los "registros y arrestos irrazonables", reafirmó una norma excluyente de 1914 en el sentido de que la evidencia obtenida sin una orden legal de registro no será utilizada ante un tribunal.

En favor de las mujeres, el Tribunal Supremo prohibió la exclusión sistemática de las mujeres en los jurados e igualó a hombres y mujeres en la seguridad social, desempleo y pago en seguros privados. En 1965 abolió una ley estatal que prohibía la venta de anticonceptivos, y en 1973 declaró que el aborto era un derecho legal en toda la unión federal. Las dos últimas decisiones se basaban, en gran medida, en el derecho a la intimidad.

Durante las presidencias de Nixon y Reagan, tanto las preferencias presidenciales como la opinión pública se hicieron menos favorables a las libertades y derechos civiles. Se hizo patente un considerable sentimiento de rechazo ante lo que la mayoría consideraba unos cambios demasiado rápidos en favor de las minorías raciales. Los presidentes Nixon y Reagan nombraron con frecuencia jueces federales considerados mediocres por sus propios colegas. El fiscal general Edwin Meese tenía una bien ganada reputación por tráfico de influencias antes de que el presidente le eligiera para la máxima instancia judicial del Gobierno de la nación. En opinión públicamente expresada por Meese, la Unión de Libertades Civiles Norteamericana era "una asociación a favor de delincuentes". Ni él ni su presidente ocultaron en ningún momento su creencia de que el poder de nombramiento era un poder para recompensar su lealtad política a los amigos de mentalidad afín.

En 1985, los nombramientos de Nixon-Reagan para el Tribunal Supremo eran una pequeña minoría (cinco a cuatro) en favor de recortar las decisiones sobre derechos civiles que acabo de describir. Lo hicieron sin negar ninguno de los principios generales, sino haciendo más dificil a los demandantes el uso de los derechos existentes. Así, a los empleados que denunciaban discriminación sexual o racial no les bastaba con presentar evidencias de que sus salarios eran inferiores a los de los varones blancos que realizaban el mismo trabajo; tenían que demostrar ser víctimas de una discriminación intencionada y específica.

Ese mismo tipo de razonamiento fue utilizado por la mayoría en una decisión de 1987 sobre la pena de muerte. Un negro condenado a muerte en Georgia intentó apelar contra la sentencia basándose en que, porcentualmente, el número de negros que recibían una sentencia de muerte por asesinato era muy superior al de blancos. El Supremo no negó la evidencia estadística de discriminación racial, pero la mayoría adoptó la postura de que el acusado tenía que demostrar que la discriminación racial era un factor determinante en su caso.

Lamentablemente, es probable que la erosión de las libertades civiles continúe durante muchos años. Posiblemente la mayoría Nixon-Reagan se vea reforzada por los nombramientos que Bush tenga oportunidad de hacer. Durante la campaña electoral, Bush indicó que desaprobaba la mayor parte de lo que hace y defiende la ACLU. Es evidente que no tuvo ni el menor asomo de escrúpulo libertario en su persecución de cowboy del presunto traficante de drogas Noriega. Muchos abogados y columnistas conservadores, como William Safire y George Will, han criticado la forma en que la policía cercó al alcalde Barry con sexo, mentiras y cintas de vídeo. Pero el presidente y su fiscal general no vieron nada criticable en esa acción. La ACLU, la NAACP y varias coaliciones de derechos de la mujer y civiles seguirán luchando para minimizar el daño a lo que, en mi opinión, es la más admirable contribución norteamericana a la civilización mundial.

Gabriel Jackson es historiador. Traducción: Leopoldo R. Regueira