Entre la confianza y la pugna

Mientras está en curso una investigación judicial sobre los asuntos Juan Guerra, Naseiro, Prenafeta y demás, voces de la izquierda expresan su indignación porque aquí no se investiga nada y voces de la derecha protestan porque se investiga, según ellos, con demasiada contundencia. Unos y otros consideran, pues, que la investigación judicial no es una investigación digna de este nombre, y algunos acaban poniendo en duda incluso la legitimidad del procedimiento seguido hasta ahora y la de los jueces y fiscales que lo han impulsado. La conclusión es la misma: esto no sirve y hay que crear comisiones de investigación parlamentarias.La petición de comisiones de investigación es perfectamente legítima, como legítimo es discutir sobre la conveniencia o la inconveniencia de crearlas. Por eso lo peor que nos podría pasar es que acabásemos convirtiendo a la comisión de investigación en una especie de comodín político o, peor aún, en un arma arrojadiza entre los partidos y entre éstos y los medios de comunicación, como si en vez de ser eso, una comisión de investigación, fuese un instrumento de ataque y defensa en una política de regates cortos y de fintas tácticas. Se pide una comisión de investigación y si el partido mayoritario la rechaza es una demostración de que teme la investigación y de que tiene cosas que ocultar: el rechazo es, pues, una prueba de su culpabilidad. Se pide también una comisión para que investigue al propio grupo que la propone y si el partido mayoritario también se niega a ello la conclusión es la misma: que no quiere ninguna comisión de investigación porque no desea ningún precedente que le oblige a aceptar la investigación sobre sí mismo y esto es otra demostración de su culpabilidad. Y así sucesivamente.

En todo este barullo apenas ha habido ninguna reflexión seria sobre lo que es una comisión de investigación parlamentaria en un sistema como el nuestro y, en general, en todos los sistemas parlamentarios. Es cierto que el apartado primero del artículo 76 de la Constitución dice que "El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público", y que, en consonancia, los reglamentos del Congreso y del Senado regulan todo lo que se refiere a estas posibles comisiones. Pero la creación de una comisión de investigación es un asunto muy delicado y no se puede ventilar con cuatro frases generales.

Es asunto delicado, en primer lugar, porque la Constitución establece un sistema parlamentario, con instituciones y poderes encargados de funciones distintas y no prevé que ninguno de estos poderes pueda llegar a anular las funciones atribuidas a otros. Por eso el mismo artículo 76 de la Constitución deja bien claro que las conclusiones de las comisiones de investigación parlamentarias no podrán menoscabar, por ejemplo, la independencia del poder judicial. Lo es, en segundo lugar, porque para llegar al fondo de un asunto la comisión necesita unos medios de investigación que difícilmente pueden tener hoy nuestras Cortes sin invadir terrenos que no son suyos, como el de la Administración y el del Poder Judicial. Y es delicado, por encima de todo, porque exige un consenso básico sobre lo que se va a investigar y esto se compadece mal con el juego de las mayorías y minorías propio del Parlamento, sobre todo en momentos de fuerte enfrentamiento político. En un sistema parlamentario, con mayorías y minorías muy hechas, es difícil que pueda funcionar una comisión de investigación si el objeto a investigar es, por ejemplo, una de las fuerzas políticas del propio Parlamento, porque todos los grupos son a la vez juez y parte, pero sólo un sector, el de la mayoría, tiene la clave de la decisión, y el otro sector, el de la minoría, siempre podrá rechazar el resultado de la investigación si no le es favorable, atribuyéndolo al partidismo y a la prepotencia de la mayoría. Y si ha existido efectivamente partidismo y prepotencia no habrá forma de demostrarlo, porque éste será precisamente el objeto de otra discusión política entre la mayoría y la minoría.

Una hipótesis

A modo de ejemplo, veamos lo que podría haber ocurrido en el caso de que se hubiese creado la comisión de investigación solicitada por el Partido Popular en el caso Naseiro, Palop, Sanchis y demás. Mientras está en curso la investigación judicial, el PP ha elaborado y ha dado a conocer su propio informe sobre el caso a partir de los datos acumulados por la propia investigación judicial, los mismos que habría tenido que utilizar, en su caso, la comisión parlamentaria. Con estos datos, el PP ha llegado a sus propias conclusiones y nos ha dicho, en realidad, lo que esperaba de la comisión parlamentaria. Está claro, pues, que éste era el límite en que iba a tener que moverse la comisión de investigación del Congreso para que el PP aceptase sus conclusiones. Y si la comisión hubiese llegado a conclusiones diferentes, el PP siempre tenía la posibilidad de denunciar a la mayoría por haber desnaturalizado la investigación imponiendo unilateralmente sus puntos de vista. No estoy hablando de problemas de buena o de mala fe, sino de consecuencias objetivas de la correlación de las fuerzas políticas y, por consiguiente, aplicables a todas.

Éste era igualmente el problema de fondo en el supuesto de que se hubiese creado una comisión de investigación para el caso Juan Guerra. Cuando todos los integrantes de una comisión de investigación son juez y parte, o hay unanimidad en las conclusiones -y esto ni se puede presuponer de entrada ni es probable que se produzca en un clima de enfrentamiento político- o no hay conclusiones, porque la minoría siempre tendrá la posibilidad de no aceptarlas y de denunciar políticamente a la mayoría que las ha impuesto, con lo cual se quedan todos más o menos donde estaban.

Éstas son, a mi entender, las razones que han llevado a la mayoría de los grupos parlamentarios a no aceptar la creación de comisiones de investigación en los casos mencionados y a intentar potenciar a estos efectos órganos parlamentarios ya existentes, como la Comisión del Estatuto de los Diputados. De todos modos, creo que esto tampoco puede resolver el problema. Primero, porque, aunque en la Comisión del Estatuto de los Diputados cada grupo tiene un solo representante, la labor de ésta es sólo preparatoria de las decisiones del Pleno, y en éste sí que funcionan, como es natural, las mayorías y las minorías parlamentarias, y estaremos en lo mismo. Segundo, porque la función de dicha comisión y las consecuencias de sus decisiones están muy determinadas por el reglamento de la Cámara y es difícil darles un contenido distinto sin reformar dicho reglamento. Y tercero, porque el remedio podría ser peor que la enfermedad, y la citada comisión podría acabar convirtiéndose, como se ha dicho, en una especie de comisaría en la que, en función de los enfrentamientos políticos y de los momentos preelectorales, proliferasen las denuncias contra diputados, por aquello de descalificar y sembrar dudas. Cierto que esto se puede evitar con las normas que establezca al respecto la presidencia del Congreso, pero el problema existe y no es fácil de solventar a gusto de todos.

Respeto institucional

Los paliativos nunca son soluciones. Y la solución pasa, en todo caso, por el respeto a las funciones propias de cada poder y de cada institución constitucionales y, dentro de este respeto, por la regulación y el buen uso de las comisiones de investigación parlamentarias. Pero para que éstas puedan cumplir su función se requiere un grado de confianza recíproca, de consenso sobre las reglas y el terreno de juego y de serenidad y de madurez políticas que hoy por hoy no se dan. Hoy predomina todavía la visión de las comisiones de investigación como armas arrojadizas en la pugna política por arriba, y dudo de que las cosas vayan a cambiar a corto plazo. Es de lamentar, pero habrá que ir capeando temporales y lloviznas como mejor se pueda y con el mínimo de deterioro posible hasta que las cosas se vayan asentando.