El Tribunal de Cuentas envía nuevos requerimientos a los partidos para conocer todos sus ingresos en 1987
El Tribunal de Cuentas está enviando requerimientos a los partidos y a las instituciones que les subvencionan para el fúncionamiento de sus grupos (Parlamento nacional y autonómicos, ayuntamientos y diputaciones) para completar el informe sobre financiación de los partidos en 1987 y conocer todos sus ingresos.Esta ampliación del informe de 1987 fue solicitada el pasado 25 de abril, a iniciativa del PSOE, por la comisión mixta parlamentaria de relaciones con el Tribunal de Cuentas. Pascual Sala, presidente del citado tribunal, manifestó ayer la necesidad de que se defina la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas sobre las violaciones de la ley de financiación de los partidos, reforma defendida la víspera por el presidente del Gobierno, Felipe González. Objetivo de estos requerimientos es lograr que cumplan con la obligación de entregar su contabilidad las formaciones que no lo hicieron en el plazo legal -PSUC y PCPE- y que la completen los partidos cuya documentación presentaba omisiones que impedían conocer todos sus ingresos y gastos.
El informe del Tribunal señalaba que el PSOE se había equivocado al calcular sus subvenciones de la Rioja, Extremadura y Valencia. Del PSC-PSOE se indicaba que no entregó los ingresos y gastos referente a 1987. AP no declaró aportaciones de afiliados "porque quedan en poder de las sedes locales", presentó sólo la contabilidad de un semestre y no contabilizó las subvenciones parlamentarias autonómicas. El CDS sólo reveló cuotas de afiliados de tres meses, y, como el PNV, incluyó el principal de las amortizaciones como gasto.
Conv¿rgencia Democrática de Catalunya omitió sus subvenciones parlamentarias y electorales, al igual que Unió Democrática de Catalunya tampoco. La contabilidad de Coalición Galega ofrecía un panorama caótico. Y el PCE no consignó las subvenciones de funcionamiento, electorales y parlamentarias. El Partido Demócrata Cristiano tenía un margen de error de 13 millones entre lo declarado y lo percibido y no reveló sus subvencionesa parlamentarias. Otro tanto ocurrió con el Partido Liberal.
Fuentes del Tribunal de Cuentas han manifestado que el artículo séptimo de la ley de financiación de partidos, que regula las prohibiciones en materia de aportaciones privadas o de origen extranjero, afirma que su vulneración "será sancionado por multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada", pero no cita al órgano sancionador. No obstante, el artículo 11 de esa ley permite al Tribunal de Cuentas pronunciarse sobre la legalidad de la contabilidad de los partidos y exigir las responsabilidades que pudieran deducirse de su incumplimiento. De añadidura, la ley de funcionamiento de este Tribunal faculta a este organismo para imponer "una multa de 10.000 a 150.000 pesetas, que podrá reintegrarse" a quienes le nieguen colaboración.
