Garzón investiga la relacion del hermano del vicepresidente con una companía de seguros
La Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), organismo autónomo dependiente de la Dirección General de Seguros, informará a la Audiencia Nacional sobre las relaciones de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, con la Compañía Internacional de Seguros, SA (CISSA). La CLEA ha sido requerida para que aporte esa información por el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la citada Audiencia.
El juez Garzón ha hecho ese requerimiento a raíz de una noticia publicada por este diario (ver EL PAÍS 23 del pasado Mayo), en la que se informaba de que Juan Guerra cobró dinero de CISSA en 1985 mientras la Dirección General de Seguros realizaba una inspección particularmente lenta de dicha empresa, y de que el hermano del vicepresidente del Gobierno visitó la citada dirección general por la misma época.Fuentes de la CLEA indicaron ayer que la comisión liquidora informará al juez Garzón de que, entre los empleados de CISSA, circularon rumores sobre la relación referida de Juan Guerra con la compañía aseguradora, pero que la comisión liquidadora no puede tener constancia de la misma ya que los hechos investigados por el juez Garzón son anteriores al desembarco de la CLEA en CISSA.
Las mismas fuentes añadieron que la CLEA ha ordenado un examen exhaustivo de la documentación intervenida a CISSA para ver si en ella se encuentran rastros de los pagos realizados a Juan Guerra. En opinión de estas fuentes, es poco probable que se hallen tales rastros, pues parece lógico que los pagos en cuestión se realizaran con dinero negro.
El requerimiento del juez Baltasar Garzón se explica porque en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional hay diligencias abiertas por presuntos delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y apropiación indebida contra el financiero Julio Muñoz Ramonet, que controlaba CISSA, y otros 12 directivos de la empresa. Las diligencias están bloqueadas, porque el Ministerio de Justicia se niega a financiar una tasación del patrimonio inmobiliario de CISSA solicitada pqr el juez Garzón (véase EL PAÍS del pasado 18 de mayo).
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