Un año decisorio

Según el acta levantada el 26 de abril de 1985, los inspectores de la Dirección General de Seguros comprobaron que el balance de 1983, el último cerrado por CISSA (Compañía Internacional de Seguros, S A), omitía pérdidas por más de 217 millones de pesetas; que una ampliación de capital realizada en 1984, por imperativo legal de garantía, no había sido desembolsada y que entre CISSA y otras sociedades de Julio Muñoz Ramonet, el financiero que controlaba CISSA, se producían transvases de fondos no justificados.En consecuencia, los inspectores constataron que "Internacional, SA se encontraba incursa a 31/12/83 en la causa de disolución prevista ( ... ) ya que el saldo deudor de pérdidas y ganancias real y mínimo a aquella fecha suponía un 71 % del capital social suscrito". Además, a la vista de 1as irregularidades en su administración por las que atraviesa la entidad, los inspectores estimaron "de aplicación las medidas cautelares recogidas" en la Ley de Ordenación del Seguro Privado.

El acta de inspección del 13 de diciembre de 1985, confirma y amplía estas conclusiones. A partir del balance provisional de 1984, que nunca llegó a ser aprobado, los inspectores descubrieron que la compañía tenía sobrevalorada su cartera de valores en más de 514 millones y que la ampliación de capital de 1984 seguía sin ser desembolsada. La pérdida mínima era de 858 millones, que representaba 11 un 85,50% del capital que figura en el balance y un 149% sobre el desembolsado".

El 28 de febrero de 1986, el director general de Seguros concedió a CISSA "10 días improrrogable s" para que procediera a remover la causa de disolución o a autodisolverse y un plazo similar para que formulara alegaciones en torno a la adopción de medidas cautelares. El 11 de marzo, la compañía optó por la autodisolución. Nueve días más tarde, el ministro de Economía ordenó que fuera intervenida, y el 8 de abril, el director general de Seguros ordenó que las medidas cautelares fueran adoptadas.