El Supremo comprobara si Fraga y Aznar están implicados en el 'caso Naseiro'

BONIFACIO DE LA CUADRAEl magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, designado instructor del caso Naseiro, ordenará en los próximos días algunas diligencias para comprobar la implicación de José Moría Aznar y Manuel Fraga que refleja el sumario remitido por el juez Luis Manglano, según fuentes jurídicas. El fiscal general, Leopoldo Torres, informó ayer a EL PAÍS que estará "vigilante para impulsar el proceso".

Todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el Tribunal Supremo no ha excluido de su actuación a presuntos implicados distintos de Ángel Sanchis, ex tesorero del PP y actual diputado conservador. El alcance de la iniciativa del Supremo en relación con Sanchis es, según tales fuentes, asegurar la competencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo por tratarse de un implicado sobre quien el sumario arroja un copioso cúmulo de indicios.Una vez garantizada esta competencia, el magistrado instructor tendrá que completar la investigación realizada en Valencia, que, según fuentes que conocen a fondo la investigación realizada, se calcula en un 80%, por lo que sólo queda para el Supremo un 20%, que es probable que se centre en la comprobación de los indicios sobre personas aforadas.

Por otra parte, fuentes próximas al Supremo estiman que los integrantes de la Sala Segunda para el caso Naseiro -Enrique Ruiz Vadillo (presidente), Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta y José Luis Manzanares Samaniego- tienen una impresión inicial favorable a la continuidad de las actuaciones, y de ahí que desde el primer momento designaran ponente de la causa. Otras fuentes judiciales consideraron, en cambio, prematura tal designación -que recayó en el magistrado Manzanares-, y entendieron que, por el momento, era suficiente con nombrar instructor.

El papel del riscal

En cuanto al papel de la fiscalía, Torres reiteró ayer su disposición a impulsar el proceso, que se tramita por el procedimiento abreviado -a través de los fiscales Juan Martín Casallo o Emilio Vez-, a supervisar lo que ellos le propongan, y, en su caso, a re currir las decisiones del magis trado instructor.

Una circular de la Fiscalía General del Estado de 25 de marzo último sobre la función de los fiscales de impulsión y simplificación del procedimiento abreviado recuerda que el fin de las diligencias judiciales previas "es, fundamentalmente, no preparar el enjuiciamierito ( ... ), sino preparar la acusación". Asimismo indica que en tal procedimiento Ias diligencias de la investigación judicial no tienen finalidad probatoria (.. .), sino sólo de acumulación de fuentes de conocimiento de los medios de prueba disponibles.

Desde esta perspectiva, el fiscal general se opone a las diligencias "reiterativas y retardatorias" y estima que "a nada conduce la reiteración en la investigación judicial de las [fuentes de conocimiento] ya conocidas, debiendo rehuirse todo riesgo de burocratización del proceso".

Fuentes fiscales indicaron que, aplicando estas normas al caso Naseiro, corresponde ahora al instructor comprobar los indicios de responsabilidad en los que no pudo avanzar el juez Manglano, y en concreto la supuesta implicación de Sanchis, Fraga y Aznar.

Diligencias inminentes

Tales fuentes indicaron que, una. vez asegurada la competencia. del Tribunal Supremo para realizar diligencias relativas a Fraga, o Aznar, no es preciso indagar previamente su condición de afórados. Dada, la rapidez con que el Supremo quiere resolver esta causa -que le ha llevado a aplicar el procedimiento abreviado-, para esta misma semana es; muy probable, según las mismas; fuentes, que: el magistrado Román Puerta ordene, de oficio o a instancia del fiscal, las primeras diligencias.

En relación con las afirmaciones de algunos abogados de los implicados -y en concreto Luis Rodríguez Ramos, defensor de Ángel Sanchis- sobre que las conversaciones se refieren a futuras operaciones, fuentes fiscales insistieron ayer en que para que exista el delito de cohecho no es preciso que se consume la oferta o promesa realizada.

En la tipificación de este delito, el Código Penal se refiere a la aceptación, ofrecimiento o promesa de dádiva o presente, y en concreto el artículo 391 incluye en el delito de cohecho las conductas de Ios que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper", dice el precepto, "a los funcionarios públicos".