La memoria de Defensor del Pueblo revela malos tratos policiales
El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, en su memoria sobre 1989, entregada ayer al Parlamento, muestra su preocupación por la existencia de casos de malos tratos a ciudadanos por agentes de las fuerzas de seguridad. El informe critica el obstruccionismo de los denunciados, la falta de voluntad de las autoridades responsables para esclarecer los hechos y adoptar sobre los funcionarios las medidas elementales precautorias, y la benevolencia de los jueces, que suelen calificar los hechos como faltas, en atención sólo al tiempo de curación de las lesiones, sin investigar si existió delito.
En materia de malos tratos policiales, la Memoria del Defensor del Pueblo de 1989 advierte lo siguiente: "Hemos podido comprobar no sin cierta preocupación, que cuando se profundiza en la investigación de aquellos casos que reúnen todos los indicios racionales de que el ciudadano tiene razón en su denuncia, es casi seguro que los agentes implicados han adoptado a su vez todo tipo de actitudes previas que procuran dificultar el esclarecimiento de los hechos, como denunciar a su vez por agresión o atentado a la persona detenida, proveerse de certificados médicos con lesiones de mínima trascendencia (en muchos casos fruto de la propia agresión al ciudadano) o atribuir las lesiones de aquél a autolesiones o accidentes fortuitos".Según el Defensor del Pueblo, una vez que se comunican los hechos a las autoridades responsables, "la adopción de una resolución expresa, exculpatoria o sancionadora, suele prolongarse durante meses, durante los cuales no se suele adoptar resolución alguna de suspensión provisional de esos agentes en sus funciones, que continúan su normal actividad, dando la impresión a los ciudadanos denunciantes y víctimas de esas prácticas de que no ha ocurrido absolutamente nada". El Defensor del Pueblo insta a los poderes públicos a que no supediten la investigación interna y la adopción de posibles medidas supensorias y precautorias al resultado de la justicia, cuyo fallo suele demorarse años.
El informe recoge varias denuncias por malos tratos de miembros de la Guardia Civil. Según una de ellas, varias personas fueron detenidos por guardias civiles y al puesto del instituto en Loeches (Madrid) el pasado agosto tras un incidente en una discoteca. "Denunciaron haber recibido golpes en distintas partes del cuerpo, permanecer varias horas incomunicados e incluso un guardia civil despojó a uno de ellos de sus gafas rompiéndoselas contra el suelo".
El Defensor solicitó un informe al director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, "sorprendentemente", le contestó el coronel jefe de la sección de recursos y régimen disciplinarios. Éste comunicó que los denunciantes fueron invitados a comparecer "voluntariamente", aunque esposados, en las dependencias del puesto de la localidad y justificó las lesiones en una riña anterior.
El informe cita otros cuatro casos de presuntos malos tratos por guardias civiles.
Sobre el Cuerpo Nacional de Policía versan varias denuncias.Funcionarios del Grupo Primero Operativo de Extranjeros han sido acusados por dos senegaleses de maltratarlos cuando permanecían esposados en la comisaría de Barajas. El juzgado de instrucción número 26 de Madrid declaró falta los hechos. "Hay que resaltar que los funcionarios denunciados se personaron en el citado juzgado y lograron autorización para expulsar a los denunciantes", lo que suponía un "alejamiento de los únicos testigos".
El Defensor del Pueblo muestra su inquietud por el hecho de que los jueces "con harta frecuencia califican como faltas las
La memoria del Defensor del Pueblo revela malos tratos policiales
denuncias sobre malos tratos inferidos por agentes policiales, atendiendo simplemente al tiempo de curación de las lesiones, sin investigar exhaustivamente, la concurrencia de otros datos que pudieran determinar su calificación como delito". Las denuncias de malos tratos policiales a extranjeros menudean en el informe.Desnudar al detenido
El Defensor se queja de que aunque se acreditó malos tratos a un ciudadano por, policías municipales de Madrid, los expedientes sancionadores se hallan paralizados, al igual que otros tres referidos a agentes de ese cuerpo, y otros dos se cerraron por falta de pruebas. Sobre los malos tratos inferidos a una persona en septiembre de 1986 por agentes municipales de Madrid se manifiesta que "se instruyó expediente disciplinario al agente actuante y posteriormente: al propio instructor del expediente por demoras en su tramitación y notoria obstrucción al esclarecimiento de la misma". "A pesar de los continuos requerimientos realizados al Ayuntamiento de Madrid, a través de su alcalde, aún no se tiene conocimiento de que haya terminado el procedimiento".
En una denuncia por malos tratos contra agentes municipales de Elche (Alicante) no se probó el origen de las lesiones, pero sí "se comprob5 que en este caso, como es práctica frecuente, se desnudó completamente a los detenidos en la comisaría de Policía a que fueron conducidos, práctica poco acorde con la dignidad de la persona".
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