El fiscal pide 45 años de prisión para un brigada acusado de violar a una joven
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana a Rafael Fernando Peregrín Alcalá, brigada de Caballería, para quien el fiscal solicita penas que suman 45 años de prisión por considerarle presunto autor de la violación, detención ilegal y asesinato frustrado de la joven María de los Ángeles M. B. El abogado del militar, sin embargo, solicitará la absolución de su cliente.
El conductor de un automóvil Citroën GS, que circulaba a las diez de la noche del 3 de octubre de 1986 por la avenida del Cardenal Herrera Oria tuvo que dar un brusco volantazo para no atropellar a una mujer caída en la calzada. La víctima, que estaba totalmente desnuda, sufría heridas en la cara y un corte en la espalda, con desgarro de ano y rotura del esfínter externo, dejando al descubierto el sacro y el coxis.La joven, que entonces tenía 20 años, manifestó que había sido arrojada desde un coche en marcha por un hombre, cuya identidad desconocía, al que había conocido unas fechas antes. El día de autos, María de los Ángeles había vuelto a quedar citada con el mismo hombre para hablar sobre un trabajo que éste le había ofrecido.
Según el relato de hechos realizado por el fiscal, Peregrín conoció el 25 de septiembre de 1986 a María de los Ángeles M. B. cuando ésta repartía hojas de publicidad en la plaza de Tirso de Molina, de Madrid. El brigada entabló diálogo con la chica y ambos fueron posteriormente a tomar una copa a una discoteca. Al despedirse, la joven facilitó al nuevo amigo su dirección y su número de teléfono.
El 2 de noviembre, Rafael Fernando Peregrín llamó a la muchacha y acordó con ella una nueva cita para el día siguiente, argumentado que podía ofrecerle un trabajo mejor remunerado que el reparto de publicidad callejera.
El 3 de noviembre, María de los Ángeles fue recogida por el brigada en la glorieta de Embajadores. La invitó a tomar unas copas en un pub de la carretera de La Coruña y le ofreció un puesto de trabajo muy bien pagado en la empresa textil que, según dijo, su familia poseía en Valencia.
María de los Ángeles le respondió a Peregrín que no le interesaba el empleo porque no deseaba marcharse a Valencia, y le pidió regresar a Madrid, ya que había quedado citada con su novio. Pero el brigada "condujo el vehículo en dirección a Pozuelo y tomó la carretera de desviación a Somosaguas, parando en un descampado, donde comenzó a besar y acariciar a la mujer, indicándole su deseo de tener acceso carnal, ante lo que ella comenzó a gritar, pidiendo auxilio, e intentó salir del vehículo", según las conclusiones del fiscal.
El suboficial del Ejército introdujo violentamente a la víctima en los asientos posteriores del automóvil, y tras golpearla y desnudarla "realizó finalmente la violación", según sostiene el relato del representante del ministerio fiscal. Posteriormente introdujo a la joven en el maletero y arrancó en dirección a El Pardo. Durante el camino se detuvo para atar las piernas de María de los Ángeles con sus propios pantalones.
Gritos en la gasolinera
Al darse cuenta de que se estaba quedando sin gasolina, Paregrín detuvo su Renault 21 en la gasolinera de Mingorrubio, muy cerca de El Pardo. Cuando el empleado estaba echando el combustible, María de los Ángeles empezó a gritar, lo que hizo que el militar retirara la manguera del depósito y arrancase a toda velocidad.
Al leer al día siguiente en EL PAÍS lo que le había ocurrido a la joven, el empleado de la gasolinera telefoneó a este periódico e informó que el presunto autor de los hechos era el propietario de un automóvil Renault 21 cuya matrícula pertenecía a la serie HF. La policía comprobó que sólo 97 de los 10.000 vehículos de esta serie correspondían al citado modelo. Dos semanas después, los agentes identificaban y detenían al brigada Rafael Fernando Peregrín, acusado de ser el supuesto autor de la agresión sufrida por la muchacha.
El fiscal pide, además de los 45 años de cárcel, que el procesado indemnice a la víctima con 5.920.000 pesetas. El acusador particular, Juan Baeza, solicita penas que totalizan 78 años de prisión, por considerarlo autor de robo con violación, detención ilegal, lesiones y asesinato frustrado. La abogada Begoña Lalana, que ejerce la acción popular en representación de 17 mujeres, reclama 49 años de prisión, alegando que los hechos constituyen violación, detención ¡legal, abusos deshonestos y asesinato frustrado. El letrado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del brigada, pedirá su absolución.
