"El Gobierno sabe que debo ser imparcial"

BONIFACIO DE LA CUADRA, El nuevo fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, de 49 años, cuatro hijos de su primer matrimonio, abogado desde 1965, afiliado al PSOE y a UGT desde 1973 -militancias que ha tenido que abandonar por su nombramiento-, está feliz en su nuevo cargo y se muestra dispuesto a "vigorizar la Constitución, haciéndola respetar". Se niega a vincular su trayectoria socialista con cualquier tipo de servilismo al Ejecutivo y recuerda que, por el contrario, "el Gobierno conoce el deber constitucional del fiscal general de ser imparcial". Torres ha recabado un informe técnico sobre la denuncia del Ejecutivo contra el diario El Mundo por una información sobre el caso Guerra.

La carrera parlamentaria de Leopoldo Torres Boursault, que de vicepresidente del Congreso de los Diputados habría dado el salto a presidente del Senado se truncó por la imprevisión del PSOE, que no contó con su derrota en Madrid en las elecciones del 29 de octubre de 1989.Pregunta. Usted iba para presidente del Senado, el camino se le torció y ahora es fiscal general del Estado. En sectores jurídicos ha molestado que este cargo pueda contemplarse como premio de consolación.

Respuesta. Existen más de seis puestos en el organigrama del Estado tan gratificantes como éste y mucho más confortables y placenteros. La fiscalía implica una responsabilidad seria y dista mucho de ser una canonjía en ningún aspecto.

P. Su teoría de que este cargo es de confianza del Ejecutivo no parece muy compatible con la exigencia constitucional de que se sujete a los principios de legalidad e imparcialidad.

R. Cuando yo digo que parece lógico que el Gobierno designe para una responsabilidad tan delicada a una persona de su confianza, lo que quiero significar es que no se comprendería que nombrara a una persona. de su desconfianza. Del mismo modo, entiendo que el Gobierno conoce los deberes del fiscal general y cuando designa a lana persona para este puesto asume que esa persona va a ser irriparcial y no va a hacer nada que flagrantemente contradiga ese mandato legal.

Modelo judicial europeo

P. Su experiencia como juez del tribunal europeo de derechos humanos, ¿le sugiere alguna solución para la justicia española?

R. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo obligan a aplicar los parámetros judiciales europeos, más exigentes que nuestra realidad y que contrastan con ella. En particular, es de destacar la oralidad de los procesos y la celeridad de la Administración de Justicia. Mientras tanto, aquí estamos bordeando la demagogia de la justicia, dado el retraso en la celebración de los juicios.

P. Como promotor de la acción de la justicia y defensor de los derechos de los ciudadanos, ¿qué iniciativas adoptará?

R. La de lograr que ningún ciudadano que considere lesio nados sus derechos fundamen tales se quede sin el amparo de los poderes públicos. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero la desigualdad esen cial consiste en que quien tiene medios se defiende por sí solo y quien no los tiene, necesita de alguien que le defienda. Ese es el papel del Ministerio Fiscal.

P. Así pues, ¿va a intensificar la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, atribución escasamente ejercida por sus antecesores en el cargo?

R. El fiscal general interpondrá. recurso de amparo constitucional siempre que considere que se ha producido una infracción de los derechos Tundamentales que no pueda ser reparada directamente por el agraviado. En ese sentido, daré instrucciones a los fiscales ante el Tribunal Constitucional. Es preciso vigorizar la Constitución, haciéndola respetar. Le recuerdo que también el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recursos de amparo.

P. De momento, ¿va a recurrir la sentencia del Supremo que denegó la revisión de la condena a muerte en 1963 al comunista Julián Grimau?

R. Rotundamente, sí. Aparte de consideraciones procesales que pueden avalar la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, existe un problema de sensibilidad jurídica para reparar una injusticia histórica, cometida por un tribunal represivo que ni siquiera estaba formado conforme a las leyes de la dictadura.

P. Usted ha asumido las actuaciones de su antecesor en el llamado caso Amedo. Pero, ¿qué hará si alguien le pide que investigue si los fondos reservados del Ministerio del Interior han financiado las acciones terroristas de los GAL?

R. Tengo la profunda convicción de que los fondos reservados no han sido utilizados, con conocimiento de quien puede disponer de eflos, para ftnanciar ninguna actividad ilegal. Ni la que usted indica ni ninguna otra. Si llegase a la convicción contrana, actuaría en consecuencia.

P. Para tener oportunidad de cambiar de convicción, usted necesitaría investigar. ¿Lo hará si alguien se lo pide?

R. No sólo eso. También puedo investigar por mi cuenta, de oficio. Pero nunca aceptaré que se publiquen detalles de esos fondos, reservados como su propio nombre indica.

Casos 'Amedo' y 'Guerra'

P. Si en el proceso en marcha del caso Amedo aparecen indicios de responsabilidades más altas que las de los dos policias procesados, ¿le temblaría el pulso para dirigir la acción de la justicia hacia cargos políticos, aunque sean antiguos compañeros de militancia?

R. Doy por excluida esa hipótesis.

P. Y si en la investigación de las fiscalías de Sevilla y Cádiz sobre las actividades de Juan Guerra aparecieran indicios de que el vicepresidente del Gobierno, contra lo afirmado en el Parlamento, conocía la conducta presuntamente delictiva de su hermano, ¿iniciará actuaciones contra Alfonso Guerra por supuesta complicidad o remitirá los datos de que disponga al Congreso de los Diputados para la depuración de las responsabilidades políticas?

R. La pregunta induce cualquier respuesta, porque me da do s hipótesis cerradas. Espero que los fiscales, a los que nada más tomar posesión he ratificado mi confianza para que prosigan esta investigación, formulen sus conclusiones sobre la misma. A la vista de ellas, decidiré si hay responsabilidades penales y contra qué personas se ejercitan las acciones correspondientes, si ha lugar a ellas, dentro de las hipótesis de trabajo que configuran los tipos penales del cohecho, la estafa y la prevaricación.

P. ¿Y la remisión de los datos al Parlamento?

R. El Parlamento me los puede pedir.

P. ¿Va usted a querellarse contra El Mundo, denunciado por el Gobierno por una información sobre el caso Guerra?

R. He recabado un informe de la secretaría técnica sobre si existen indicios de delito.