Algunos jueces y las presiones de ETA impidieron la concesión masiva de permisos navideños a los reclusos

La pretensión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de conceder permisos navideños a 89 presos etarras clasificados en segundo grado, por lo que pueden gozar de ese beneficio, han fracasado en buena parte por la negativa de algunos jueces de vigilancia penitenciaria a aplicarla. El temor de determinados presos beneficiarios de la medida a abandonar la cárcel como consecuencia del llamado síndrome de Yoyes también impidió el éxito de la medida, según fuentes políticas vascas.

Esta decisión judicial obstaculizó en parte los planes previstos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dentro de su política de reinserción política, en los que pretendía conceder el permiso navideño a unos 65 del núcleo de 89 presos clasificados en el segundo semestre de 1989 como reclusos de segundo grado. Esta clasificación les otorga, entre otros privilegios, la posibilidad de obtener permisos, disponer de comunicaciones directas con sus familiares y de horas libres para el estudio.Una parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, cuyo número no fue precisado por las fuentes consultadas, a los que corresponde la decisión final en la concesión de los permisos bloquearon las salidas de los presos etarras. Fuentes políticas vascas manifestaron ayer que la actitud de estos jueces "es la consecuencia de un clima general en el que se mezclan varios factores, como el malestar originado por el asesinato de la fiscal Carmen Tagle por la organización terrorista ETA el pasado 12 de septiembre, presiones de familiares de víctimas del terrorismo, de algunos funcionarios de prisiones y de algunos partidos".

Las mismas fuentes manifestaron que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está planteándose trasladar a presos de ETA, clasificados en segundo grado, a cárceles del País Vasco, como las de Nanclares de la Oca y Martutene, en la previsión de que "los jueces de esta comunidad están más sensibilizados con la política de reinserción y concedan permisos", o a zonas de competencia de "jueces más abiertos".

El paso de presos de ETA del primer grado, en el cual hasta hace medio año estaban todos clasificados, al segundo y tercero es una medida destinada a facilitar la reinserción de los reclusos y quebrar actitudes numantinas que los llamados duros de la organización terrorista fomentan en el seno de las cárceles, aseguran las fuentes vascas.

La reclasificación llevada a cabo por la Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias, en medio de la máxima discreción, ha afectado a un 27,53% -unos 89 reclusos- de los 322 etarras condenados, que han pasado al segundo grado, y a un 4,12% -13 internos- a los que se ha reclasificado en tercer grado. Estos últimos pueden salir en libertad condicional, mientras que los de segundo grado son susceptibles de obtener permisos.

La medida de la concesión de permisos había sido experimentada a pequeña escala y con gran discreción a lo largo de los últimos meses "con resultados satisfactorios", según las fuentes vascas. La paradoja es que algunos presos, a los que los jueces de vigilancia penitenciaria han concedido permisos, han rehusado el beneficio.

Estos casos aislados, cuyo número no llegaron a precisar las fuentes, obedecen al llamado síndrome de Yoyes. El asesinato de la ex dirigente etarra Dolores González Catarain, Yoyes, en septiembre de 1986, por miembros de la organización terrorista al acogerse a un indulto provocó el temor entre los presos predispuestos a beneficiarse de medidas judiciales blandas.

Además, la actual política de reclasificación de los presos de ETA del Ministerio de Justicia ha sido criticada por los abogados de la organización terrorista, lo que ha replegado a algunos de los reclusos beneficiados por la medida.