Armas sin control

LA REITERACIÓN con que agentes de la autoridad francos de servicio utilizan sus armas reglamentarias para solventar las diferencias surgidas con sus vecinos o resolver por las bravas disputas ocasionales en su vida cotidiana ha convertido esta peligrosa conducta en una amenaza a la seguridad ciudadana estadísticamente relevante. Hace pocos días, un policía nacional que se divertía en un pub de Miranda de Ebro se lió a tiros con tres jóvenes que se encontraban tomando una copa a su lado después de haber mantenido con ellos una discusión sobre un asunto tan trivial como el derramamiento del líquido de una botella. Sólo en la última década han sido varias decenas los ciudadanos españoles que han perdido la vida o han sido heridos en estas circunstancias sin que los poderes públicos hayan tomado medidas suficientes para evitar que sucesos tan graves sigan produciéndose.Se alega ahora -en otras épocas el pretexto era otro- que la amenaza del terrorismo y de la delincuencia justifica que los agentes fuera de servicio porten sus armas reglamentarias, pero, a la postre, el uso mortal e indiscriminadamente ofensivo que algunos hacen de ellas no deja de añadir un nuevo y alevoso factor de inseguridad en la vida de las personas. La crónica de este tipo de sucesos abarca los más inimaginables supuestos en que ha sido usada el arma que el Estado les confió para ajustar cuentas particulares: desde asuntos insignificantes, como la posesión de una plaza de aparcamiento o las dificultades de acceso a un garaje, hasta lances de celos o supuestos atentados al honor.

Los peligros de este comportamiento se multiplican en aquellas poblaciones -es el caso de Miranda de Ebro, donde están acuarteladas fuerzas antidisturbios- en las que existen concentraciones policiales con fuertes problemas de integración en el contorno ciudadano. La inadaptación, la soledad, el estrés e incluso las insatisfacciones de tipo laboral y profesional de estos colectivos pueden ser el desencadenante de sucesos trágicos si no se toman precauciones.

Aun admitiendo que el agente de la autoridad no pierde esta condición por estar fuera de servicio, parece temerario que se le confíen armas que pueden ser utilizadas sin control en situaciones ajenas a la comisión de un delito. En cualquier caso, para hacer frente a este tipo de conductas no bastan las sanciones a posteriori, sean penales o de otro tipo, pues, además de carecer de suficiente fuerza disuasoria, apenas son otra cosa que una satisfacción moral para las víctimas de un daño con frecuencia irreversible. Las medidas administrativas de carácter preventivo con vistas a limitar con más rigor el uso de armas a supuestos de interés público y a restringir draconianamente el acceso a las mismas de los particulares se hacen indispensables si se quiere conjurar un peligro de contornos cada vez más amenazantes. Para cerciorarse de que ello es así sólo hay que observar la actual proliferación de vigilantes privados de seguridad y guardas jurados convenientemente armados, la tolerancia con que la Administración sigue permitiendo a militares y policías retirados que sigan en posesión de sus armas y el aumento del número de ciudadanos que, de manera legal o clandestina, consiguen hacerse con armas de fuego con el pretexto de su defensa frente a la amenaza de la delincuencia.