Los sindicatos exigen que se pague la deuda social
Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, exigieron ayer al Gobierno que fije objetivos de inflación creíbles a la vista de la diferencia surgida entre la previsión inicial y el resultado final de 1989, y que se pague la deuda social contraída con pensionistas y empleados públicos. Izquierda Unida, por su parte, acusa al Gobierno de incumplir el objetivo fijado para el pasado año. Para CC OO, la inflación del 6,9% supone la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los que dependen de los Presupuestos Generales del Estado.El secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, afirma que el IPC del pasado año "debe ser una lección que sirva para que no se vuelvan a repetir las grandes diferencias existentes entre las cifras previstas y el resultado final".
Para la Confederación General del Trabajo, la cifra pone en evidencia total la política del Gobierno y añade que este sindicato pedirá en la negociación salarial una subida situada entre el 8% y el 10%.
Por su parte, la Unión Sindical Obrera, tras señalar que la cifra final dobla las previsiones, exige el "inmediato abono de la deuda social contraída con funcionarios, jubilados y pensionistas". Asimismo, pide el abono diferencial entre salarios pactados y el incremento final del IPC.
Diferencia con la CE
Para José Folgado, director de Economía de la CEOE, "la cifra de precios de diciembre, dejando la tasa anual en el 6,9% es muy positiva, porque confirma la desaceleración de los precios en los últimos meses del año, lo que permite encarar mejor la necesaria convergencia con los países socios de la CE. Sin ello no se garantiza el crecimiento futuro de la actividad y el empleo".
José Antonio Segurado, vicepresidente del Partido Popular para asuntos económicos, ha manifestado que "la cifra obtenida al final del pasado año es la confirmación del fracaso de la política del Gobierno en su lucha contra la inflación anunciado por el Partido Popular en el Parlamento". El político anunció que su partido presentará a principios de febrero una interpelación en el Congreso para analizar la política económica.
