Hablemos de calidad en el empleo

He llegado a la conclusión (quizá equivocada), a tenor de lo acontecido en nuestro país, de que tenemos poca memoria histórica y necesitamos de vez en cuando recordar lo que en su día se dijo o escribió.Es por ello que, para tratar la situación actual del mercado de trabajo y su evolución en los últimos años, recurriré a una tribuna libre sobre flexibilidad publicada en este periódico el 8 de septiembre de 1985, donde, entre otras cosas, decía: "Se han instrumentado poderosos mecanismos para que se produzca una selectiva y gradual amortización de puestos de trabajo fijos y a tiempo pleno para su sustitución por una mano de obra más móvil, menos costosa y más dócil, pues no se puede desconocer el efecto desmovilizador de estas medidas en un contexto de crisis económica aguda y de consiguiente miedo a la pérdida del puesto de trabajo", afirmación que fue contestada a continuación (EL PAÍS del 19 de septiembre de 1985) por el secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, diciendo que "el miedo a la desestabilización laboral y a la eventualización de las plantillas -reiteradamente manifestado por CC OO- se ha demostrado infundado tras 10 años de crisis".

Como el tema sigue de actualidad, merece la pena, pasados cuatro años, hacer un balance, con datos a la vista, que aborde empleo y mercado de trabajo, en una situación de crecimiento económico, para extraer las conclusiones necesarias desde una óptica constructiva, que es lo que a mí honradamente me mueve en este artículo.

Empezaré destacando el papel hegemónico que está jugando la contratación precaria en la evolución del empleo, como demuestran los datos expuestos más abajo que confirman cómo la segmentación del mercado de trabajo y de las relaciones laborales no ha sido un fenómeno específico de la crisis, sino que se intensifica en la recuperación.

El empleó creado

Según el Instituto Nacional de Estadística, entre el segundo trimestre de 1987 y el tercer trimestre de 1989 se ha producido un aumento en el total de los asalariados de 1.139.700; es claro, por tanto, que se está creando empleo, aunque no en cantidad suficiente para disminuir de forma sustancial el paro.

Si pasamos a continuación a analizar qué tipo de empleo se está creando, vemos que son exclusivamente los trabajadores con contratos temporales los que han aumentado de forma muy significativa, pasando de 1.225.800 a 2.509.300 en el período arriba indicado, es decir, han crecido en 1.283.500, que es más de lo que ha hecho el empleo en el mismo período. Por contra, los asalariados con contrato fijo han disminuido en 147.800.

El resultado de este proceso es que el 27,8% de la población asalariada y más de un 33% de la correspondiente a la empresa privada tienen contrato precario, con crecimientos de 12 puntos en dos años. La situación global, con ser grave -sin parangón europeo en su dimensión-, se intensifica por estar desigualmente repartida entre empresas y colectivos. Así, son los jóvenes y mujeres los que más la soportan; los primeros superan el 60% de eventualidad, y casi el 50% en el caso de las segundas.

Asimismo, se está provocando de hecho una competencia desleal entre unas empresas y otras; bueno es recordar que, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, los trabajadores de nueva contratación tienen unos costes inferiores en un 40% a otro de carácter fijo.

Es tal el cúmulo de medidas y fórmulas de contratación (más de 14) que crean una distorsión y falta de claridad, incluso para los contratantes, en este caso los empresarios. Ya hay contratos no sólo por días, horas o semanas, sino incluso, como conocí la pasada semana, "temporales por días de sol".

Si a esto unimos el que se están utilizando indebidamente, sin siquiera tener en cuenta los mínimos requisitos exigidos por la ley, lo que supone un elevado y claro fraude difícilmente controlable si sólo se encarga del cometido la Administración (Inspección de Trabajo), hurtando e impidiendo sistemáticamente la participación de los trabajadores, cuando está más que contrastado en las sociedades complejas que el mejor mecanismo de tutela es la presencia oficial y el control derivado de la Administración. Es el caso de los contratos para la formación, que gozan de la totalidad de exención en la cuota de Seguridad Social para este cometido, pero que en un 95% de los casos no tenían plan de formación homologado en 1987; los de prácticas, según nuestros datos, están sirviendo para suplir puestos de trabajo eventual; o los contratos de obra y servicio, en los que no consta, en un, altísimo porcentaje, ni la obra ni el servicio objeto del contrato.

Al margen de las consecuencias de inseguridad, desprotección y asindicalismo por temor a represalias que provoca esta situación en los trabajadores, la incidencia en el futuro económico del país, a mi juicio, puede ser negativa por lo que supone de desprofesionalización y provisionalidad la generalización de este tipo de puestos de trabajo, máxime si creemos en la necesidad de mano de obra cualificada para enfrentarse a los retos de la Europa de 1992 y a la libre circulación de trabajadores. A no ser (claro está) que lo que España deba, ofrecer como margen diferencial para competir, y así parece indicarlo el Ministerio de Economía, sean los salarios baratos y mano de obra polivalente en trabajos poco especializados.

En definitiva, y llegado a este punto, lo que cabe preguntarse es si sirven o no en estos momentos las medidas llamadas por el Gobierno de fomento del empleo o de contrato a la carta, según nuestra denominación; la respuesta de CC OO es tajantemente no, ni desde la óptica social ni tampoco por eficacia económica.

Respuesta inadecuada

Según recogemos los sindicatos en la PSP, estas medidas no son una respuesta adecuada a los retos actuales y es necesaria su total revisión. Y a que si alguna vez la tuvieron, cosa que dudé desde un principio, lo fueron para facilitar la creación de empleo en una situación de crisis económica sin paralelismo alguno con el momento de recuperación acaecido a partir de 1985.

Es necesario y urgente establecer una negociación seria y responsable sobre contratación y mercado de trabajo, adaptándolo a las necesidades actuales, teniendo muy en cuenta los derechos de los trabajadores, que abarcaría al menos los siguientes aspectos:

1. Revisar todas las medidas actuales de fomento del empleo suprimiendo algunas, como el contrato temporal, regulado por el Real Decreto 1989/84, o reformando otros, como los de prácticas y formación, para que estén vinculados a expectativas reales de empleos estables en la empresa y estableciendo requisitos y medidas de control que garanticen que se recibe la formación y se realizan las prácticas convenidas, adecuadas a la titulación correspondiente con la participación de los agentes sociales.

2. Asegurar la protección sindical de los contratos, con la firma y seguimiento de los representantes de los trabajadores.

3. Servicios públicos de empleo capaces de atender a los requerimientos de empleo y formación necesarios, aumentando la incidencia de los mismos sobre las ofertas existentes, es decir, que el Inem pase a ser un servicio de empleo eficaz en lugar de un exclusivo registro de parados.

4. Implantación negociada de un sistema único de certificaciones y homologaciones profesionales que validen la experiencia y formación profesional adquirida tanto dentro como fuera de la empresa, con la participación de los agentes sociales.

En síntesis, como decimos en la PSP, no propugnamos la supresión de toda forma de contratación temporal. Sí queremos, en cambio, acabar con el fraude y hacer real el principio de causalidad: que a un puesto de trabajo fijo le corresponda un contrato de trabajo indefinido, mientras que los contratos temporales sólo se justifiquen para actividades temporales o transitorias.