Violar la correspondencia

La Dirección General de Correos separó del servicio durante 1989 a nueve funcionarios por violación de correspondencia y malversación de fondos públicos como resultado de sentencias judiciales. 17 personas con contrato laboral fueron despedidas entre 1988 y 1989 en Correos por malversación de caudales públicos y otras 18 lo fueron por violación de la correspondencia. El último fue el auxiliar Juan Carlos Fernández Martínez, de 39 años, quien fue detenido en Navidad, en Madrid, acusado de sustraer correspondencia y tarjetas de cajeros automáticos, con las que obtuvo más de 1,5 millones de pesetas.En 1989 se ha comenzado a aplicar el artículo 37 de la ley de Funcionarios Civiles del Estado (1964), según la cual la inhabilitación dictada por un juez comporta la separación del servicio público. Correos tenía hasta 1986 la facultad de sancionar a los funcionarios a través de un expediente disciplinario, con separación del servicio, acogiéndose al reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración.

En 1988 Correos recibió 3.100 cartas con quejas de usuarios por deficiencias diversas. Un porcentaje significativo de estas quejas hacía referencia a la pérdida de paquetes y cartas.

Unas 110.000 personas reclamaron indemnización al no haber recibido un envío, si bien sólo el 15% de éstas lo logró, al no poder demostrar Correos la entrega. El seguro de un envío certificado con declaración de valor incluida no supera las 50.000 pesetas. En los paquetes, el seguro máximo es de 15.000 pesetas, lo que revela un desfase importante entre el valor real de la mercancía y la valoración de Correos. En 1989, Correos transportó 109 millones de cartas y paquetes. Cerca de un millón de éstos fueron asegurados ante el temor de que no llegaran a su destino.