La 'supercaixa' pedirá a las autoridades monetarias el mismo trato fiscal dispensado a la fusión del BBV

El presidente de La Caixa, Juan Antonio Samaranch, expresó ayer su confianza en que las autoridades monetarias concedan a la supercaixa "el mismo trato fiscal dado al BBV". La UGT impugnará los acuerdos de fusión aprobados por la asamblea de Caixa de Barcelona porque éstos no obtuvieron el respaldo de dos tercios de los votantes, mínimo exigido por la LORCA para aprobar la disolución de la entidad, previa a su fusión con La Caixa, según informó un dirigente de esta central.

La concesión de exenciones fiscales, el visto bueno del Banco de España, la firma definitiva del preacuerdo alcanzado con los sindicatos y la autorización de la Generalitat son los únicos requisitos que faltan a La Caixa y la Caixa de Barcelona para su fusión en la nueva Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona."No dudo de que nuestra petición de exenciones fiscales será recibida favorablemente", señaló ayer Samaranch en una comparecencia ante la Prensa. "El Banco de España", dijo, "ha sido muy favorable a las fusiones y tenemos el precedente del Banco Bilbao Vizcaya. No pedimos nada extraordinario, sólo el mismo trato dado al BBV".

El acuerdo sindical fue dado por prácticamente cumplido después de que CC OO y el SECPVE (Sindicato de Empleados de la Caja de Pensiones) firmaran un preacuerdo el pasado jueves que ayer fue suscrito también por UGT.

Josep Joan Pintó, copresidente de la nueva caja y presidente de la Caixa de Barcelona, explicó el voto contrario a la fusión de un tercio de consejeros generales de esta entidad como una muestra de que en la asamblea "hubo un debate en profundidad y en libertad".

Josep Vilarasau, director general de La Caixa, confirmó la intención de acelerar la expansión de la nueva entidad en España, "pero hay que mantener el equilibrio de expansión y consolidación".

Impugnación de UGT

La decisión de UGT de impugnar los resultados de la votación en la asamblea de Caixa de Barcelona se ampara en la legislación española. La LORCA (Ley de los Organos Rectores de las Cajas de Ahorro) exige que los acuerdos sobre disolución de las entidades de ahorro obtengan el respaldo de dos tercios de los consejeros generales presentes en la asamblea, según afirmó ayer a este diario un dirigente de UGT.La ley de cajas de la Generalitat -por la que se rigen los Estatutos de las cajas catalanas- no hace mención a la necesidad de determinadas mayorías para que se consideren válidos los acuerdos de disolución de las entidades. Sin embargo, UGT entiende que en este caso debe seguirse lo legislado en la LORCA, que actúa como ley de referencia para las demás legislaciones en la materia.