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La CSIF pide un aumento de entre el 9% y el 10,2% para los funcionarios

El comité ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se reunió ayer en Logroño para acordar la solicitud de un aumento salarial en la próxima negociación situado en una banda del 9% al 10,2%, para defender la capacidad adquisitiva de los empleados públicos.

José Luis Alemany, presidente de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, criticó la política económica del Gobierno y señaló que "Solchaga recorta los salarios pero no controla los precios, aquí se gana dinero pero no se reparte bien".La CSIF ha pretendido solidarizarse con el presidente regional, José Luís Sainz, celebrando este comité ejecutivo nacional en Logroño debido a los continuos enfrentamientos de la CSIF en La Rioja con el Gobierno regional, haciendo constar que es la única comunidad autónoma que no ha negociado un acuerdo con los funcionarios.

Al comité ejecutivo nacional asistieron los representantes de todas las comunidades autónomas y los responsables de las 10 áreas de la Administración en las que el sindicato tiene presencia. La confederación de funcionarios valora positivamente algunos puntos de la Plataforma sindical prioritaria elaborada por la Unión General de Trabadojres y Comisiones Obreras, en concreto lo que se refiere a la profesionalización de la Administración pública, rechazando todo tipo de "amiguismo".

Por otra parte, los sindicatos UGT, CC OO y USO han solicitado al Gobierno de La Rioja un salario social de 30.000 pesetas para los mayores de 60 años que no tengan ingresos o cuyas pensiones sean inferiores, de tal modo que en años posteriores la edad inicialmente marcada pueda ser rebajada.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Bonet, que estas fechas inicia contactos con los sectores sociales para ultimar la confección de los presupuestos de 1990, que llegarán a los 20.000 millones de pesetas, ha señalado que ha estudiado esta posibilidad antes de que los sindicatos formularan su propuesta formalmente aunque sin tomar hasta el momento ninguna decisión.

Los sindicatos afirman que el coste para el próximo año supone 425 millones.

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