Trabajo no aceptará la liquidación de la Pablo Iglesias hasta que se conozca su patrimonio

El director general de Cooperativas, Ramón Salabert, afirmó que parece que la mejor solución respecto al conflicto planteado en la cooperativa Pablo Iglesias es liquidar la entidad y pagar a los deudores, pero que esto no se puede hacer mientras no se realice una investigación profunda para conocer su patrimonio real. Mientras, los cooperativistas de la promoción de Getafe, cuyas viviendas están sujetas a embargo preventivo, han anunciado una manifestación para hoy, sábado.

Desde que se supo la noticia del embargo preventivo, los socios de la promoción de Getafe están llevando a cabo gestiones para buscar una solución al problema, agravado por el hecho de que la cooperativa se encuentra sin consejo rector desde enero de 1987, por lo que nadie conoce actualmente cuál es el patrimonio real de la entidad ni su situación económica. Una comisión de afectados, de la que forman parte Jesús Neira, concejal de Getafe y ex miembro del consejo rector de la cooperativa, y Pedro Castro, alcalde de la localidad, se entrevistó el martes con el subdirector general de Cooperativas, Alejandro Barahona.El director general, Ramón Salabert, manifestó a este periódico que el organismo que dirige está dispuesto a asesorar y ayudar a los cooperativistas, pero que no se trata de solucionar el problema puntual del embargo preventivo, sino de buscar una solución definitiva a una cooperativa que ha dejado de funcionar y que presenta una situación absolutamente caótica.

"Los afectados de Getafe piensan, y yo estoy de acuerdo, que lo mejor es proceder a la disolución de la cooperativa, pero primero hay que conocer con exactitud su patrimonio real, el activo y pasivo, el número de viviendas adjudicadas y vacías, los embargos que pueda haber y la relación de deudores. Para que la dirección general pueda intervenir la entidad sería necesario que el ministro de Traba o llevara el tema al Consejo de Ministros, y ésa es una decisión que no vamos a tomar sin tener antes datos fiables".

La solución, según Salabert, pasa porque un número legal de socios -el 10% del total- firme un documento pidiendo al juez la convocatoria de una asamblea general extraordinaria, en la que se podrían aclarar algunos aspectos y legitimar una investigación en profundidad. Mientras tanto, los socios afectados por el embargo preventivo pueden intentar negociar con la empresa constructora, Contractor, para buscar una solución a su problema concreto.

Salabert confirmó que la Dirección General de Cooperativas no ha tenido noticias de la entidad desde el fin de la última asamblea, en enero de 1987, que acabó, sin acuerdos definidos. "Para nosotros, el consejo rector anterior -presidido por Francisco Javier Martín Plaza- sigue en funciones de tal".

Este periódico ha tratado de hablar con Martín Plaza, sin conseguirlo, a pesar de los avisos que se le dejaron.