Deudas del pasado

NICOLE GUARDIOLA Los abogados del empresario Antonio Champalimaud anuncian que van a querellarse contra el Estado portugués para conseguir una indemnización de los perjuicios causados por la expropiación, en 1975, de los bienes patrimoniales de su cliente, actualmente instalado en Brasil. Entre las empresas expropiadas figuran la siderurgia nacional, el Banco Pinto e Sottomayor y varias empresas fabriles del sector cementero.

El montante de la indemnización pedida por los abogados del empresario Antonio Champalimaud no ha sido revelado, pero debe ascender, según los letrados, a "muchos miles de millones de pesetas".La querella se produce en medio del proceso en curso de privatización de muchas de las empresas nacionalizadas en marzo de 1975, que debe acelerarse en 1990 gracias a la entrada en de la ley de Revisión Constitucional aprobada por el Parlamento de Lisboa en junio último y promulgada durante el verano, por el presidente Soares. Ello abre el pleito, entre el Estado portugués y los antiguos propietarios y accionistas de las referidas cmpresas.

El Gobierno ha anunciado la intención de dedicar parte del dinero recaudado con las privatizaciones a la fiquidación de la deuda pública y en particular, de las idemnizaciones debidas a los empresarios expropiados, pero la legislación sobre la materia está siendo duramente cuestionada. En efectp, las indemnizaciones son calculadas sobre la base del valor del patrimonio expropiado a la fecha de la nacionalización, mientras que los afectados defienden la necesidad de de este mismo valor, a la fecha de la, liquidación de las indemnizaciones. Los antiguos accionistas de las empresas reprivatizadas han formado una asociación y pretenden poder cambiar los títulos en su poder por las nuevas acciones ahora lanzadas al mercado.

El primer ministro, Cavaco Silva, y su ministro de Hacienda, Miguel Cadilhe, han tenido ya, en diversas ocasiones, la oportunidad de explicar que la finalidad de las indemnizaciones no consisten en reparar los perjuicios eventualmente causados por la decisión de las autoridades, entonces legítimas, que decretaron las nacionalizaciones. El Estado se limita a cumplir los compromisos, posteriomente asumidos, de indemnizar a los afectados. Éstos han estado recibiendo, hace 10 años, "indemnizaciones compensatorias", en títulos de deuda pública, equivalentes a los intereses del capital expropiado. Antonio Campalimaud no estaría en este caso, puesto que sus abogados, apenas comenzó a recibir estas indemnizaciones en 1989.

Entre tanto enpmparación la segunda ola de privatizaciones, a realizar en 1990, y que podrán incidir, sobre la totalidad de las empresas, de acuerdo con la nueva Constitución portuguem en vez del 49%, como hasta ahora.

Una de las primeras empresas que podrá ser totalmente privatizada es la cervecera Centralcer. La evaluación del capital, basada en una auditoría de la firma Coopers and Lybrand, fue confiada a dos grupos financieros, liderados por el Banco Portugués de Investimento y el Espírito Santo Socidad de Investimentos. La venta de las acciones de la empresa a privatizar suele ser efectuada por uno de los grupos encargados de la evaluación.