El Gobierno gestiona que los dirigentes de ETA deportados ingresen en cárceles españolas este año

El Gobierno pretende que los máximos dirigentes de ETA deportados a diversos países, sobre todo de Latinoamérica, sean devueltos antes de fin de año a Madrid y encarcelados en prisiones españolas, según fuentes ofíciales. Las primeras gestiones al respecto ya se han realizado. Concretamente, el pasado mes de mayo viajaron a Santo Domingo el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el comisario Manuel Ballesteros, quienes se reunieron para tratar el problema incluso con el presidente del país, Joaquín Balaguer. Ayer, el presidente del Gobierno, Felipe González, propuso un nuevo pacto antiterrorista para después de las elecciones legislativas. El régimen carcelario para los etarras puede endurecerse en el futuro.

El principal objetivo del Gobierno al. respecto consiste precisamente en trasladar a cárceles españolas a los etarras residentes en la actualidad en la República Dominicana. Se trata de Antxon Etxebeste, considerado el número uno de la organización terrorista; Ángel Iturbe Abasolo, hermano del histórico dirigente Txomin Iturbe, fallecido en Argelia; y de los antiguos miembros del comando Madrid Ignacio Aracama Mendía, Belén González Peñalva y José Manuel Soares Gamboa. Todos ellos estuvieron hasta mayo pasado en Argelia, donde participaron directamente en las negociaciones con representantes del Gobierno español.La vía de la extradición es la que prevén utilizar las autoridades españolas para conseguir su propósito. Al respecto, existen también solicitudes de extradición de jueces españoles contra el dirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, actualemente encarcelado en Francia.

Las gestiones para que los dirigentes de ETA residentes en la República Dominicana fueran trasladados a España se efectuaron después ole que altos cargos de los ministerios del Interior y de Justicia mantuvieran una reu nión para estudiar las posibilida des legales y técnicas de conse guir su objetivo.

Según las fuentes informantes, en los contactos con el presidente Balaguer también participó el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

Con posterioridad a esos contactos, la propuesta no se ha visto materializada en iniciativas concretas, pero el Gobierno, según las fuentes informantes, está decidido a reanudar su actividad en esa línea, posiblemente después de las elecciones legislativas.

Aunque se desconoce sí existe relación con este propósito del Ejecutivo, el presidente Felipe González preconizó ayer reabrir la reflexión sobre la política anti terrorista para intentar llegar a un consenso sobre la mejor forma de actuar, informa Ignacio Cembrero. El jefe del Gobierno hizo esta declaración en una conferencia de Prensa conjunta en el Pardo, al término de la visita a España del jefe de Estado ecuatoriano, Rodrigo Borja, país que también ha acogido a miembros de ETA.

Por consenso, si es posible

"Creo", afirmó González, "que después de las elecciones la reflexión habrá que volverla a abrir si es posible por consenso entre todos los partidos". El presidente no quiso ser más explícito porque, dijo, "cualquier otra reflexión ahora pedría tener una interpretación que no quiero que se le dé por la proximidad de los acontecirnientos políticos y electorales".Con anterioridad, el presidente había reconocido que "se puede afirmar" que la organización terrorista ETA ha dado "un salto cualitativo" con el doble asesinato del martes pasado. Pero, matizó, "anteayer murieron una fiscal y un pescadero y cuando se habla de salto cualitativo se piensa sólo en el asesinato de la fiscal Carmen Tagle y no en el del pescadero". "Pienso que también es cualitativamente importante la muerte de un pescadero".

La magistratura, prosiguió el jefe del Ejecutivo, "ha compren dido muy bien" que la intención de los terrorisras es "condicionar la libertad de criterio del aparato judicial". Pero, en general, opinó, ETA "ha perdido cualquier tipo de objetivio". "Tienen la necesi dad de seguir matando para demostrar que están ahí".

En otros medios oficiales con sultados, se asegura que altos cargos gubernamentales de diversos ministerios -especialmente Interior y Justicia- estudian la conveniencia de modificar la actual legislación contra los autores de delitos terroristas. Al respecto, recuerdan que en el poder judicial se comenta cada vez con mayor insistencia el hecho de que un terrorista es condenado a la misma pena -30 años- si es autor de un asesinato o de una docena. También indican que, con el actual reglamento penitenciario, un terrorista condenado a la pena máxima de 30 años redime condena en la prisión y pasa en la misma un máximo de 17 o 18 años.

Por ello, las fuentes oficiales consultadas señalan que altos cargos del Gobierno ya han propuesto modificar el Código Penal y, sobre todo, el reglamento penitenciario, de modo que los terroristas condenados no puedan beneficiarse de las ventaj as que hoy prevé dicha norma para los reclusos.

En este sentido, señalan que la propia fiscal Carmen Tagle, junto con varios compañeros fiscales y jueces relacionados con causas terroristas, habían hecho llegar en varias ocasiones al Gobierno su discrepancia con el tratamiento penal y penitenciario que reciben los reclusos de ETA condenados por asesinatos.

Las fuentes oficiales que han comentado estos hechos señalan que ya hace meses, y concretamente tras la ruptura de las negociaciones de Argel, el Ejecutivo decidió endurecer su actitud frente a ETA. Como ejemplo, citaron la dispersión de presos etarras y destacaron que, en la actualidad, y en contra de lo ocurrido en años anteriores, existe una "perfecta sintonía" entre Justicia e Interior.