La Generalitat exige contrapartidas para negociar el traslado de presos de ETA a cárceles catalanas

La Generalitat estaría dispuesta a aceptar una quincena de presos etarras siempre que la Administración central se avenga a negociar asuntos como la vigilancia de las cárceles catalanas por parte de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica), así como una partida presupuestaria para ello, según fuentes próximas a la Presidencia del Gobierno catalán. Este traslado de presos de ETA -dentro de la campaña de dispersión de los reclusos pertenecientes a la organización terrorista- fue propuesto por el Ministerio de Justicia hace dos meses, sin que hasta el momento haya recibido respuesta.

El Departamento de Justicia de la Generalitat aseguró ayer que "las cárceles catalanas no están preparadas para acoger a más presos con clasificación de primer grado, como es el caso de los reclusos etarras" y adelantó que el Ejecutivo catalán no aceptará a estos reclusos, "porque no se dan las circunstancias legales para ello". Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que "el Gobierno espera que la Generalitat reconsidere su decisión".La actitud de la Generalitat ha sido considerada por fuentes del Ejecutivo socialista como una muestra de "falta de voluntad" para colaborar en la dispersión de los presos de ETA. De acuerdo con estas fuentes, no se había destinado a las cárceles catalanas ninguno de los integrantes del comando Barcelona -que colocó la bomba en los almacenes Hipercor el 19 de junio de 1987-, precisamente para no provocar situaciones de tensión. "Que no diga el Departamento de Justicia de la Generalitat que no puede albergar presos de primer grado, puesto que celdas de aislamiento las tiene cualquier centro y además los presos etarras una vez dispersados, y lejos del control de la organización terrorista, pueden pasar a ser segundo grado", añadieron los mismos portavoces. "Además", agregaron, "hay presos catalanes de primer grado, uno de ellos con más de 17 secuestros de funcionarios a su espalda, que se encuentran en prisiones de toda España".

"No es insolidaridad"

Mientras, desde la Administración catalana se afirma que la negativa al traslado de etarras no es un caso de "insolidaridad", sino que podría llegar a ser negociable en "un paquete más amplio de medidas".

La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat reconoció haber recibido, según un portavoz, tres de las cuatro cartas que el Ministerio de Justicia ha remitido solicitando la reclusión de unos 15 presos de la organización terrorista ETA en cárceles catalanas, pese a que el lunes había negado a este diario que el Gobierno hubiera realizado recientemente una petición de traslados.

La primera carta, enviada el 27 de junio pasado al director general de Servicios Penitenciarios, Xavier Hernández, fue recibida a "últimos del mismo mes", informaron fuentes del Departamento de Justicia. En ella, según las mismas fuentes, no se especificaba la clasificación ni la procedencia de la quincena de internos cuyo traslado se solicitaba. Por este motivo la Dirección General cursó una misiva al Ministerio de Justicia "requiriendo más detalles sobre los reclusos".

Fuentes de la Administración central manifestaron ayer a este diario que precisamente en la primera carta remitida a Cataluña -la única comunidad que tiene competencias exclusivas en materia penitenciaria- "se hablaba textualmente de 17 presos pertenecientes a bandas armadas".

La segunda carta ministerial, remitida el 21 de julio, "tampoco especificaba la naturaleza de los 15 reclusos [17, según la Administración central]", de acuerdo con la versión de la Generalitat. Servicios Penitenciarios hizo caso omiso de la misma. La tercera solicitud, fechada el 25 de agosto, en la que se detallan los nombres de 12 presos pertenecientes a ETA, llegó al despacho del director general de la Generalitat el pasado lunes, fecha en que éste se reincorporó al Departamento, después del período vacacional. La última carta, del 4 de septiembre, no había sido recibida hasta ayer en las dependencias de Justicia.