De la quiebra a la impotencia

El sector industrial de Vall d'Uixó y su comarca ha vivido desde siempre ligado a los avatares de la industria del calzado y curtidos. En esa localidad se instaló la fábrica de calzados, curtidos y gomas Segarra, que vivió una época de esplendor hasta mediados de la década de los setenta, cuando las diferencias entre los miembros de la familia de empresarios, el encarecimiento de las materias primas y la aparición de nuevos competidores condujeron a la quiebra de la empresa.Para evitar las consecuencias laborales que se avecinaban en la comarca, el Estado decidió nacionalizar la empresa en 1977, con una plantilla de algo más de 3.000 trabajadores, aunque en su mejor época había llegado a contar hasta con 5.000. A partir de entonces la antigua Segarra pasa a ser Irnepiel y sobre ella continúa girando la economía de la comarca, ya que a su sombra nacieron centenares de talleres de economía sumergida, que trabajan directamente para la fábrica.

Sin embargo, la Administración tampoco logró sacar de la crisis a Imepiel, cuya plantilla, a base de bajas incentivadas, se ha reducido progre sivamente hasta los 1.450 trabajadores actuales. Ninguno de los cerca de 10 enviados de la Administración central para hacerse cargo de la dirección de la fábrica logró cambiar el signo negatívo de su balance económico, acentuado en los últimos años con pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesetas. Estos déficit eran cubiertos por la Administración con subvenciones en forma de ampliación de capital, hasta que la CE llegó a cuestionar esas ayudas del Estado a Impepiel y aconsejó su eliminación.

La Administración se planteó entonces su devolución al sector privado. Tras varios intentos fallidos, se ha consolidado prácticamente la venta, por 1.000 millones de pesetas, a un grupo de empresarios encabezados por la firma italiana Trussardi, que se queda con el 52% de las acciones. El resto se lo reparten otra serie de empresarios catalanes del sector, entre los que se encuentra Cusí y Rodríguez, SA. Estos invertirán unos 2.000 millones, y la Administración se ha comprometido a destinar otros 8.000 millones en concepto de saneamiento.