El déficit patrimonial de Kanguro supera los 3.000 millones, según el dictamen judicial

Kanguro Grandes Superficies, SA, compañía sometida a administración judicial, presentaba un déficit patrimonial superior a los 3.000 millones de pesetas el pasado 23 de julio, cuando presentó suspensión de pagos, según el dictamen elaborado por la intervención judicial.Esta situación, que implica la quiebra técnica de la empresa desde el punto de vista económico, se ha visto agravada en las últimas semanas como consecuencia de la suspensión de pagos presentada por Unión Alimentaria Española SA (UEE), principal proveedor de Kanguro y que se ha encargado de los suministros a las tiendas hasta el pasado mes de enero.

El agujero de Kanguro se deriva de unas deudas de 5.089 millones de pesetas, entre los que se incluyen 218 millones de pagos diferidos, frente a un activo de 2.074 millones de pesetas, de los que 718 millones corresponden a la valoración de los inmuebles. Estos datos figuran en el dictamen que obra en poder del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcalá de Henares desde el pasado 30 de junio y contrastan con los presentados en el expediente de suspensión de pagos, por la propia empresa, que establecían un activo de 4.078 millones contra unas deudas de 3.722 millones.

En estas condiciones, y a falta de la ratificación formal del dictamen por parte de la intervención judicial, la situación patrimonial de Kanguro Grandes Superficies puede ser considerada como una quiebra técnica desde el punto de vista económico. El procedimiento legal establece, en cualquier caso, un margen de maniobra a los responsables de la empresa para que puedan hacer efectivo el afianzamiento de las cantidades precisas -en este caso, 3.000 millones- que permitan equilibrar el balance de la sociedad.

Opción de compra

Sin embargo, y al margen de las posibilidades que confiere la ley, las perspectivas de la compañía de distribución se han deteriorado con la suspensión de pagos de su principal proveedor, Unión Alimentaria Española. Ello es tanto más grave desde el momento en que el administrador de UEE, Luis Garay Ibergaray, es al mismo tiempo el actual accionista único de Kanguro Grandes Superficies, después de haber ejercitado una opción de compra otorgada por General Promotora de Inversiones, antigua propietaria de la cadena.

Unión Alimentaría Española suscribió en agosto de 1988 un contrato de suministro con Kanguro para el abastecimiento de las tiendas. Fruto de las relaciones comerciales entre las dos empresas, Kanguro ha efectuado pagos a UEE por importe de 1.200 millones de pesetas hasta mediados de enero pasado. Sin embargo, en ese mismo mes, y según expone el dictamen de la intervención judicial, el contrato de suministro fue incumplido por Unión Alimentaría Española.

Cabe recordar, por otra parte, que la cadena de distribución es controlada desde mediados del pasado mes por administradores judiciales designados por el Juzgado de Alcalá de Henares. A la vista de los acontecimientos, la alternativa más factible que actualmente manejan los administradores de Kanguro no es otra que la venta de los activos dentro de una operación que asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Kanguro cuenta en estos momentos con una veintena de establecimientos, que emplean a unos 400 trabajadores. La empresa tiene cerca de 2.000 acreedores.