Un agente avisó de un probable atentado contra la cárcel de Alcalá-Meco meses antes de que lo realizara ETA

Un delegado local del comité provincial de Madrid del Sindicato Nacional de Policía (SNP), destinado de forma temporal en la cárcel de máxima seguridad de Alcalá-Meco, presentó en septiembre de 1988, ocho meses antes del atentado etarra a esta prisión, dos escritos internos, con ocho días de diferencia, en los que se denunciaba la falta de las "imprescindibles" y "mínimas" medidas de seguridad dentro y fuera de la cárcel. En una de estas comunicaciones calificaba de "muy probable" que ocurriese un atentado en la prisión o en sus inmediaciones.

El agente, que solicitó el anonimato a este periódico por haber recibido amenazas, envió los dos informes al inspector jefe de la compañía policial de la prisión de Alcalá-Meco y a la dirección del centro penitenciario. En ambos escritos, que se formularon meses antes del atentado en las cercanías de la cárcel ocurrido el pasado 8 de mayo en el que dos policías murieron y otras tres personas resultaron heridas, se denunciaban, primero, la falta de medidas de seguridad en el traslado de los funcionarios a la cárcel, y las deficientes condiciones de habitabilidad en el interior de la institución penitenciaria, así como la infrautilización de los sistemas de alarma y seguridad.En el primer escrito se hacía referencia a la posibilidad de un atentado, tal y como sucedió más tarde, como consecuencia de la ausencia de las medidas de protección que se deben tomar en el traslado de los funcionarios a una cárcel de máxima seguridad como es la prisión de Alcalá-Meco, advirtiendo asimismo que la falta de estas medidas podría generar "muertes".

El miembro del Cuerpo Nacional de Policía y componente del servicio de seguridad de la cárcel afirmaba en el escrito que "diariamente dicho Cuerpo establece un servicio de trasporte desde la compañía ubicada en [el barrio del Moratalaz (Madrid) hasta la prisión y recorre otros puntos intermedios" y que "las medidas de seguridad, encaminadas a salvaguardar y proteger en su grado máximo la vida de los policías no son observadas, utilizando un vehículo que airea la condición de la totalidad del personal que transporta" [se refiere a que los vehículos que utilizan no están camuflados]. "En el muy probable caso de ser víctimas en un atentado, se derivarían diversas responsabilidades dificilmente asumibles por quienes tuvieran que responder de ellas", añade.

Otras denuncias

El policía pide en el documento que se inicien las gestiones para utilizar vehículos camufiados en estos traslados, sin descartar el blindaje, y que se aumenten las medidas de seguridad introduciendo varios cambios ya que a diario "el recorrido es idéntico, a las mismas horas, con el mismo número de funcionarios..."

Posteriormente, al menos otros ocho funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía secundaron la protesta en un escrito similar. Ante el silencio administrativo, el agente presentó un segundo documento, aproximadamente ocho días después, en el que denunciaba ante el titular de la dirección de la cárcel -por aquel entonces, Antonio Lozano, que fue destituido el 11 de abril de este año tras las insistentes peticiones en este sentido de los sindicatos de prisiones- las .graves" anomalías observadas en el interior de la prisión.

Según la denuncia, estas anomalías se centran en las condiciones "infrahumanas" en las que permanecían los funcionarios, el mal estado de habitabilidad de las garitas y la pasarela de acceso a las mismas, además de lala suciedad en el interior del recinto penitenciario y el mal funcionamiento de los sistemas de control.

El policía hace mención a que el objetivo perseguido con el escrito "no es otro que el de intentar aunar esfuerzos capaces de combatir y erradicar cualquier circunstancia que no contribuya a la dignidad, seguridad, reconocimiento, profesionalidad o estímulo del policía".

Seis meses despúes se produjo la fuga de dos internos por la garita número 6, próxima a la cocina, y dos funcionarios fueron retenidos por 15 presos duránte 12 horas.

A raíz de ambas denuncias, un mes más tarde el jefe superior de Policía de Madrid, Lorenzo Calatayud de la Hoz, firmó una sanción de apercibimiento al policía, "por una falta leve ( ... ) al prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud o reclamación" en la presentación de los escritos.

El comisario Calatayud advierte al policía que puede interponer un recurso de alzada ante el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado.

El actual director de la prisión de Alcalá-Meco, Fernando Crespo, manifestó a este periódico que desconocía la existencia de los escritos y que en cualquier caso se habían presentado ante una anterior dirección del centro penitenciario.

No obstante, al requerirle para que localizara los escritos, Fernando Crespo afirmó que no podía destinar a tres funcionarios durante dos o tres días a la búsqueda de los mismos.