Dos delegados del Gobierno juzgan abusivo el ejercicio de los derechos ciudadanos

Los delegados del Gobierno en Valencia y Andalucía, Eugenio Burriel y Alfonso Garrido, respectivamente, se quejaron ayer, en la sesión de clausura de unas jornadas sobre colaboración institucional celebradas en Madrid, del uso exagerado que, según ellos, hacen los ciudadanos de sus derechos cuando alteran el orden público y quiebran el Estado de derecho. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, recomendó a los delegados que tengan "sensibilidad hacia las presiones sociales legítimas".

Conde-Pumpido disertó previamente sobre Violencia social y seguridad ciudadana. Resaltó la importancia de la paz social desde un enfoque constitucional, analizó las causas sociológicas y económicas de la violencia y recordó los medios legales y técnicos apropiados para combatir la inseguridad ciudadana.El teniente fiscal del Supremo prestó atención especial a la defensa de las víctimas de la delincuencia, no suficientemente protegidas "en nuestra joven democracia", dijo, "más preocupada todavía por las garantías del acusado". Recordó que instituciones democráticas como el Consejo de Europa han recomendado mejorar la situación jurídica de las víctimas y pidió a policías, fiscales y jueces que no incrementen con su actuación los padecimientos de las víctimas del delito.

Los delegados del Gobierno en Valencia y en Andalucía intervinieron en el coloquio para quejarse del, a su juicio, ejercicio desmedido que hacen los ciudadanos de sus derechos frente a la Administración. Eugenio Burriel puso varios ejemplos de acciones callejeras en las que los valencianos "quieren obtener sus demandas a cualquier precio, incluida la quiebra de la autoridad", que equiparó a la quiebra del Estado de derecho.

Alfonso Garrido aseguró que tras seis años en el cargo tratando "no de reprimir, sino de garantizar los derechos ciudadanos", todavía existe una visión del orden público vinculada, según dijo, al cóctel molotov. Conde-Pumpido contestó a ambos que los desórdenes producen molestias de las que "todos somos de alguna manera responsables" y que deben evitarse "hasta donde se pueda", si bien recomendó a los delegados del Gobierno "sensibilidad hacia las presiones sociales legítimas".

El magistrado Alfonso Villagómez denunció, en otro orden de cosas, la falta de una normativa española especial sobre la violencia en los campos de fútbol y propuso la creación de delitos específicos y medidas de prevención tales como la exclusión de los provocadores de los estadios y el establecimiento de carnés de espectadores en los que se reflejen las sanciones sufridas.

La jornada de ayer se inició con la intervención de Luis Arroyo Zapatero, rector de la universidad de CastillaLa Mancha, quien pidió una especial actividad represiva del Estado contra el gran tráfico organizado de drogas.