El Estado responderá de las indemnizaciones a las que se condene a los policías Amedo y Domínguez

La Audiencia Nacional declaró ayer al Estado "responsable civil subsidiario" del subcomisario de policía José Amedo Fouce y del inspector Michel Domínguez por las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderles en la causa en la que se encuentran procesados. Ambos están en prisión incondicional por su presunta participación en seis asesinatos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), entre otros delitos. La decisión ha sido adoptada contra el criterio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y de acuerdo con la petición de la acusación particular y la acción popular.

La solicitud de que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario fue formulada desde el primer momento por la acusación particular, preocupada por el resarcimiento de los daños económicos sufridos por las víctimas de las acciones de los GAL. Sin embargo, cuando el 18 de octubre de 1988 el tribunal acordó el procesamiento de Amedo y Domínguez, se pidió a cada uno de ellos una fianza de 20 millones de pesetas por la responsabilidad civil, pero no se declaró al Estado responsable subsidiario.En noviembre de ese mismo año el tribunal dejó abierta la posibilidad de que la sala "en su momento y día estudie y se pronuncie sobre el particular".

Los dos policías procesados no pagaron las fianzas que se les solicitaron, por alegar insolvencia. El 11 de mayo último los 104 ciudadanos que ejercen la acción popular en esta causa indicaron al tribunal la procedencia de declarar, "por el momento", la insolvencia de los procesados y pidieron la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Coincidiendo con la resolución del 17 de mayo por la que se declaró insolventes a Amedo y Domínguez, se recabó la opinión de las partes sobre esta materia. La defensa de los procesados no hizo ninguna alegación, mientras que el fiscal se opuso a la declaración del Estado como responsable civil subsidiario.

El Estado se personará

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por Juan Manuel Orbe Fernández-Losada, presidente, y los magistrados Roberto Hernández Fernández, ponente, y Alfredo Miguel Vázquez Rivera acordó ayer "declarar responsable civil subsidiario en la presente causa al Estado español" y poner la resolución en conocimiento del abogado del Estado para que, una vez sea firme, se persone en la causa. El auto es recurrible en súplica en el plazo de tres días por las partes y por el abogado del Estado.

En el único fundamento jurídico del auto, el tribunal invoca varios preceptos legales, entre ellos el artículo 22 del Código Penal y la doctrina jurisprudencial elaborada" sobre el mismo. El mencionado precepto extiende la responsabilidad subsidiaria "a los amos, maestros, personas, entidades, organismos y empresas dedicadas a cualquier género de industria, por los delitos y faltas en que hubieren incurrido sus criados, discípulos, oficiales, aprendices, empleados o dependientes en el desempeño de sus obligaciones o servicio".

Según los penalistas consultados por este periódico, a través de esta resolución, el tribunal considera que los delitos que se imputan a Amedo y Domínguez fueron cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos de funcionarios policiales. La declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado significa, según las mismas fuentes, la vinculación de ambos procesados con "el desempeño de sus obligaciones o servicio" como policías, de acuerdo con el precepto aplicado.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, que relevó al fiscal del caso Ignacio Gordillo, se opuso a la declaración de responsabilidad subsidiaria del Estado, "por cuanto que en los hechos sumariales no se dan", dijo, "ni las circunstancias ni los requisitos que se señalan en el artículo 22 del Código Penal". El fiscal invoca una anterior resolución del tribunal por la que se denegó tal petición, realizada por la acusación particular.

El abogado Fernando de Salas, letrado de la acción popular, declaró ayer a EL PAÍS que la posición del fiscal "muestra que, tras ser desalojado del caso el fiscal Gordillo, se ha abandonado la acusación contra los dos policías procesados, en contra de su obligación de mantenerla".

Salas estimó lógica la decisión del tribunal, por tratarse de funcionarios públicos, si bien manifestó que debía haber declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el auto de procesamiento contra los dos policías.

El sumario del caso Amedo se encuentra a punto de concluír, mientras que el abierto por la muerte en atentado de los GAL de Juan Carlos García Goena ha sido entregado a las partes para que presenten alegaciones. Fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional manifestaron que "dada la actitud del fiscal Escusol, es muy probable que se oponga al procesamiento de Amedo y Domínguez en dicho sumario, lo que consolidaría el cambio radical de la fiscalía desde el relevo de Gordillo".