El Gobierno estudia solicitar la entrega a España de los 'etarras' confinados en Venezuela

El Gobierno estudia solicitar la entrega a España de los etarras confinados en Venezuela. Portavoces oficiales de Interior señalaron ayer que es "una posibilidad abierta" sobre la que no quisieron precisar fechas. A este respecto, el Congreso de los Diputados aprobará mañana un tratado deextradición con Venezuela en el que se incluye a los autores de actos terroristas como susceptibles de ser entregados al país solicitante. Por otro lado, Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, y Luis Roldán, director de la Guardia Civil, regresaron ayer a Madrid tras haber visitado la República Dominicana y Venezuela.

Portavoces de Interior señalaron al ser preguntados sobre si el Gobierno español piensa solicitar la extradición de los etarras confinados en Venezuela que "es una posibilidad que siempre está abierta y siempre se estudia. La intención final del Ejecutivo español es que las personas sobre las que pesen delitos puedan ser puestas a disposición de la autoridad judicial". Estas fuentes agregaron que esta medida de realizarse se haría "caso por caso".Actualmente se encuentran en Venezuela los 11 miembros de ETA enviados el pasado domingo y otros seis deportados en 1984 por Francia; además de una veintena de ex etarras que llevan años en este país suramericano. Estas fuentes negaron que los acuerdos tripartitos entre Francia, Argelia y España supongan un obstáculo para la hipótesis de la extradición, ya que actualmente los referidos etarras "están ubicados fuera de estos países".

El tratado de extradición que previsiblemente aprobará mañana el Pleno del Congreso de los Diputados, recibió el pasado día 23 el visto bueno de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja. El artículo 6 excluye taxativamente los actos terroristas de la consideración de delito político y por tanto incluye a sus autores como personas que han de ser entregadas a petición de cualquiera de los dos países.

"No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza", dice el convenio para precisar a continuación: "A los efectos de este tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos (...): los actos de terrorismo". El texto del convenio prosigue indicando que se entienden por actos terroristas: "Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas (...). El rapto, la toma de rehenes o el secuestro arbitrario; y la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas o cartas o paquetes con explosivos ocultos".

Entre los once deportados el pasado domingo a Venezuela y tienen sobre sus espaldas delitos de sangre José Arturo Cubillas, Kepa Viles Escobar y Enrique Pagoaga, aunque éste último con anterioridad a la amnistía de 1977. Juan Miguel Barbesi Torres, Begoña Trasvías y Víctor Zuloaga están acusados de realizar labores de información para el Comando Vizcaya, autor del secuestro del directivo del Athlétic de Bilbao Juan Pedro Guzmán.

El tratado de extradición precisa en su artículo 30 los efectos de plena retroactividad del convenio firmado, al señalar que "las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera que sea la fecha de comisión del delito".

Por su parte, José Luis Corcuera, ministro del Interior, declaró ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados que considera "positiva" la voluntad del Gobierno argelino de que en su suelo no se encuentren quienes justifican los atentados, quienes atentan o quienes hayan atentado en el pasado. Rafael Vera, quien regresó ayer a España acompañado por Luis Roldán, declaró a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas que el Gobierno va a endurecer la estancia de miembros de la banda terrorista en terceros países.

Alarma en Madrid

Por otro lado, la sombra del comando itinerante de ETA Militar, que el pasado 8 de mayo asesinó a dos policías en las inmediaciones de la prisión de máxima seguridad de Alcalá-Meco, planeó de nuevo en la madrugada del martes sobre Madrid. Una olla a presión dejada en la confluencia de las calles de la Gran Vía y de Alcalá motivó un impresionante despliegue policial sobre la zona.

Expertos en desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía, auxiliados por un robot mecánico, comprobaron que la cacerola carecía de explosivos. De 2.00 a 3.30 horas de la madrugada, parte de la Gran Vía estuvo cortada.