Una ocasión fallida

"Ni mi dignidad ni mi ética me permiten quedarme en este congreso; el que se quede, allá con su conciencia". Estas palabras de la presidenta de la Coordinadora Estatal de los Grupos de Abogados Jóvenes resumen la posición de un tercio de los abogados asistentes al V Congreso General de la Abogacía, celebrado en Palma de Mallorca. El sector llamado crítico por la Prensa lb habíamos ointentado todo durante los días anteriores para reconducir un congreso diseñado desde arriba por los mandarines (le la profesión como un congreso para la unanimidad, impregnado del más rancio corporativismo.Era lo único que todos los abogados de España estamos de acuerdo es que era imprescindible un congreso general que adaptara la abogacía al cambio político y sociológico que se había producido en España en los años setenta-ochenta, tanto en el conjunto del Estado como de la sociedad y como en la propia abogacía.

A partir de ahí, dos posiciones se diseñan: la primera, la que quería simplemente unas adaptaciones tecnológicas del mundo de la abogacía, conservando las viejas estructuras levantadas en el siglo pasado, a su vez reflejo de una concepción gremialista, y la segunda, la de los que pensamos que en un país con democracia, con libertades democráticas (entre ellas, la de asociación, que en la práctica nos es negada a los abogados), era preciso adaptar la abogacía con cambios tan profundos como los sufridos por la sociedad de la que somos reflejo y a la que en teoría servimos.

Poder omnímodo

La primera concepción era y es consciente que algo hay que cambiar para que todo continúe igual, o al menos para no perder su poder omnímodo en una profesión que daba ocupación en 1987 a 45.000 abogados ejercientes.Para ello organizó un congreso, cuyo reglamento estaba previamente aprobado por el Consejo General de la Abogacía, que no se permitió su discusión por el congreso, negando así su carácter soberano y constituyente, y que cuando las primeras voces discordantes pidieron su debate se pasó inmediatamente a su ratificación, haciendo que la mayoría impusiera como un trágala un texto tan antidemocrático como confuso e impracticable, y que a la larga fue el mejor aliado de la minoría y un callejón sin salida para los organizadores. Si el reglamento estaba concebido para apagar la discordancia, ante su arbitraria y caprichosa aplicación no hizo más que aumentarla. El último día, sólo la mesa presidencial y los que estaban de turismo podían defender tamaño disparate reglamentario por aquello de sostenella y no enmendalla. El sistema de votación y su papeleta de voto era digno de ser copiado por la Bono Loto. La mesa y su reglamento acabó por convertir los fundados recelos de los críticos en explosión incontenida de los que ya estamos hartos del ejercicio del poder por una minoría influyente que se perpetúa ante la apatía de la *mayoría, que a su vez tiene la experiencia de la inutilidad de los intentos de acceder a tareas de gobierno como no sea con el beneplácito del factótum de la abogacía. Por eso, la disidencia se ha refugiado durante estos 15 últimos años en los Grupos de Abogados Jóvenes, expresión organizativa de algunos sectores de los recién llegados a la profesión, que por su dinamismo ha sido la voz que clamaba en el desierto ante un Consejo General que ni ha oído ni hablado como la sociedad precisaba en un período histórico tan trascendente como el que España ha vivido en la última década. El cambio de estructuras políticas, el cambio legislativo, la crisis de la Administración de Justicia necesitaban otra presencia social y más intervenciones que el Consejo General de la Abogacía no ha tenido. Si los colegios de abogados no se han dejado oír en esa coyuntura, algo falla en su constitución actual.

Espectro

Por eso y por otras cuestiones que afectan al ejercicio diario de nuestra profesión, tan rica como diversa y variopinta, muchos afirmamos que el quinto congreso ha sido una ocasión fallida de adaptar nuestra corporación para que refleje la variedad de las personas que hoy ejercemos la abogacía. Si nuestra corporación se adapta a la sociedad española plural y democrática, servirá a los abogados y a los ciudadanos, nuestros dientes en todos los sentidos. Si nuestra corporación continúa con índices de participación electoral que rondan el 1% de los colegiados en muchas ocasiones, no es un ser vivo, es un espectro digno de ser enterrado en los anales de la historia pasada.Por eso, en este quinto congreso era fundamental haber podido conseguir, entre otros muchos temas acuciantes, la derogación del Estatuto General de la Abogacía, haber propuesto un estatuto democrático, con juntas de gobierno no presidencialistas, elegibles por sistema electoral proporcional que permita reflejar las diversas perspectivas desde las que hoy ejercemos nuestra vieja profesión. Que se admita el juego de mayorías y minorías que permita los cambios y las alternancias, y que definitivamente se admita y se potencie el asociamiento profesional de los abogados dentro y fuera de la corporación. Si no cabemos todos, habrá que estimar justo que no debe caber nadie, máxime si el que ahora tiene cobijo deja a los demás a la intemperie.

La modificación de la estructura de los colegios de abogados es una tarea previa e ineludible para que los temas a debatir reflejen las necesidades de todos, de las mayorías diversas y de las minorías también diversas. Está muy bien hablar de la crisis de la Administración de Justicia, pero ésta no afecta por igual al ahogado de a pie, que todos los días va a los juzgados, y al asesor de sociedades de multinacionales, que ejerce su actuación al margen de la Administración de Justicia. Tampoco les afecta por igual a las diversas abogacías la libertad de establecimiento de abogados extranjeros en España como consecuencia de la pertenencia a la CE. Es un ejemplo casi simbólico para decir que los magnates de nuestra profesión no viven personalmente temas tan cruciales y vitales que a diario padecemos la mayoría de los abogados modestos, que practicamos "la asistencia al detenido o el turno de oficio".