Abogados, 20 años después

La primera reunión de los abogados durante la democracia puede ser una ocasión de reflexión colectiva, según el autor, para cohesionar en la modernidad a los profesionales y para analizar su influencia sobre la sociedad. Los nuevos problemas deontológicos, como el papel de los abogados en los casos de secuestros o su actitud ante una sociedad en la que predomina la información y la publicidad son algunos de los puntos de debate que él destaca.

Hoy comienza en Palma de Mallorca el V Congreso General de la Abogacía Española. Atrás, muy atrás, queda ya el IN congreso de León, celebrado en 1969, y, sobre todo, los que quedan lejanos son los fenómenos socioprofesionales que hace 20 años polarizaban la atención pública en torno a la acción de los abogados y, en un sentido más amplio, respecto al estado de la Administración de Justicia, de la que los abogados son parte indispensable. Para medir el alcance del cambio de escenario -que no es otro que el paso de tina dictadura a un Estado democrático de derecho- bastaría con examinar la peripecia personal de la mayoría de los abogados que protagonizaron el congreso de 1969, y que se caracterizó por sus sonoros pronunciamientos contra la estructura juríelico-política de las postrimerías del franquismo.Hoy, después de la normalización de la vida pública española, una parte de esos abogados tienen atribuidas responsabilidades importantes en las instituciones democráticas, y otros han preferido continuar en sus despachos, pero no sin antes encauzar y hasta reciclar su ejercicio profesional sin las adherencias perturbadoras que exigía la dedicación a la defensa de los presos políticos en esa patología forense que eran el Tribunal de Orden Público y los consejos de guerra.

Durante el período constituyente y la transición política no faltaron quienes creyeron contemplar el espejismo de que la nueva legitimación de los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones democráticas ponían poco menos que en solfa a otras asociaciones -incluidos los colegios profesionales- cuya justificación quedaba superada por la historia. Sin embargo, en un país tan desarticulado socialmente como España, las organizaciones intermedias entre el Estado y los ciudadanos juegan un papel de mediación social insustituible, y especialmente si tienen la experiencia y la tradición que ostentan algunos de los más antiguos colegios de abogados de España.

Hay quienes pensamos que este V congreso de la abogacía debía haberse celebrado mucho antes; precisamente cuando estas corporaciones, una vez despojadas de la cáscara adhesiva contra las turbulencias políticas de la dictadura, empezaban a adquirir el perfil que les corresponde en una convivencia pública normalizada. Sin embargo, este primer congreso general de los abogados durante la democracia puede ser un momento de reflexión colectiva nada desdeñable para cohesionar en la modernidad a una profesión con una función de primer orden en las relaciones entre los individuos, entre éstos y la sociedad e incluso con el mismo Estado, a quien debe enfrentarse cuando actúa en detrimento de las personas.

Nueva deontología

El primer compromiso, la primera obligación que adquiere el abogado como operador de la técnica jurídica es defender los derechos y las libertades, tanto si actúa como asesor o como defensor de su cliente, hasta el punto de que entra en lucha activa por la realización diaria de esos derechos en la sociedad mediante la prestación de servicio que la ley les asigna en el ámbito de la Administración general de Justicia. De ahí que todo abogado tenga el derecho a rehusar la defensa en una causa cuando, incluso después de aceptarla, considere injusta la misión que se le solicita.

Por eso, los congresistas deberán reflexionar y debatir muy seriamente algunos de los capítulos que más justifican y hacen necesaria la presencia de los colegios profesionales de abogados: me refiero a la influencia que el abogado puede ejercer en la sociedad, a su formación posuniversitaria, a su responsabilidad para dar mayor credibilidad al servicio público de la justicia y, especialmente, a todo lo que se refiere a una deontología profesional cuya tutela efectiva por los colegios justifica suficientemente la obligatoriedad de la colegiación para quienes ejercen su actividad profesional ante los tribunales.

En la vertiente estrictamente deontológica hay que empezar a asumir que hay que dar contenido y orientación desde los colegios profesionales -y no desde los poderes públicos- a nuevos problemas no contemplados por la deontología profesional tradicional, pero que tienen un hondo calado ético. Quizá el más conocido es el de la intervención del abogado en delitos de secuestro, pero existen otros de igual o mayor trascendencia, como la actitud del abogado ante una sociedad donde predomina la información y la publicidad.

'Ecónomicismo'

También es llegado el momento de no abusar de determinadas coartadas formalistas y buscar una mayor penetración en la realidad social para conocer mejor cuáles son las carencias de la Justicia, sobre la que hay una convicción generalizada de un desfase con las exigencias de la sociedad. Para ello habrá que ir abandonando la actitud de quienes han hecho un diagnóstico de las deficiencias de la Administración de Justicia fuertemente teñido de economicismo, imputando casi todas sus deficiencias a la escasez de medios humanos y materiales. Esta visión es extremadamente simplista, porque resulta obvio que la dotación presupuestaria permite pagar a más personal al servicio de la Administración de Justicia, pero no consigue por sí misma más personal idóneo ni resuelve el problema de su selección y formación. Por eso es muy importante incorporar como elemento de análisis y debate la necesidad de abrir el Poder Judicial a las valoraciones y a los sentimientos de la sociedad mediante fórmulas variadas de acceso a la carrera judicial que sean permeables a la entrada de estos valores.

es abogado y miembro de la junta directiva de la Asociación Democrática de Abogados Europeos.