Consenso previo

Una prueba de la azarosa vida que espera al texto legal que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros para modificar la actual ley del Suelo, la han dado ya las dificultades que ha tenido que superar dentro de la propia Administración. Una vez preparados los primeros borradores, al ser sometidos a su examen por los demás departamentos, provocaron la reacción, tanto de Economía como de Administraciones Públicas.El propio texto presentado hoy al Consejo, reconoce que la regulación del suelo no es suficiente para hacer frente, en solitario, al fenómeno especulativo actual, por lo que considera necesario, además, un adecuado tratamiento fiscal, así como la reforma de la normativa vigente sobre los alquileres.

La entrada en vigor de la ley de Tasas ya hace frente a las notables diferencias que venían registrándose entre los valores reales de los terrenos y los declarados fiscalmente y la de Haciendas Locales espolea a los municipios para que abandonen su actitud pasiva en esta materia.

Por otro lado, la desaparición de la desgravación fiscal en la compra de segundas viviendas, prevista para los próximos meses, han obligado también a una negociación entre los representantes de Economía y el MOPU.

Los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas también han tenido que defender su parcela, al considerar que estaban siendo invadidas las competencias de .la comunidades autónomas.

El texto finalmente aprobado considera que la aplicación en todo el territorio nacional sólo se reconoce para los preceptos de carácter básico como el derecho de propiedad y para aquellos que entren de lleno en la competencia de Estado como son las expropiaciones y valoraciones.

En el resto, tanto la aplicación de la nueva Ley, como del Texto Refundido que se prevé en ella, estarán subordinados a las normas que dicten o puedan dictar las comunidades autónomas.

Otra de las críticas realizadas por los representantes de Administraciones Públicas al proyecto presentado por el MOPU, hace referencia a un excesivo detallismo del mismo, defendiendo, por el contrario, una normativa de carácter más genérico lo que, entre otras cosas, evitaría un importante número de problemas con los que van a tener que enfrentarse a la hora de aplicarla.

Asimismo, la comisión ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios Promotores y Constructores de Edíficios consideran que la nueva normativa no va a solucionar el problema de la especulación, y proponen, sin embargo, una actuación pública más decidida en la creación de suelo urbanizable, para lo cual es necesaria la liberalización de la política actual de calificación y recalificación de terrenos.