"Para que nos oigan los sordos"

Al lado de todo ello, la posición de la Delagación de Gobierno, presidida por Ana Tutor, se ha endurecido con los abusos de los espontáneos. "Nadie tiene derecho, en un Estado democrático donde está regulado el derecho de reunión y manifestación, a tomarse así la justicia por su mano", afirma una portavoz de este organismo. "Las concentraciones no autorizadas de este tipo generan una serie de problemas de convivencia ciudadana que perjudican a miles de personas, y hemos de actuar de una forma contundente y firme". Expedientes disciplinarios con sanciones que pueden llegar al medio millón de pesetas, actuación de los efectivos de la policía para disolver estas manifestaciones son algunas de las medidas que pueden adoptarse en caso de que los vecinos insistan con sus movilizaciones.Las amenazas de la Delegación del Gobierno chocan con la convicción de que si no se lucha no se consigue mover los resortes de la Administración. Juan Domingo García, de la Asociación vecinal de Moratalaz, afectada por los realojamientos de chabolistas del Pozo del Huevo en unas conflictivas viviendas de protección oficial, sostiene que "la Administración no hace caso de nuestras denuncias hasta que salimos a la calle. Entonces aparecemos en los medios de comunicación y ya se dan por enterados. Mientras tanto, se hacen los sordos".

En su opinión, las altas instancias debían dar más oportunidades a los madrileños "para opinar sobre cómo queremos que se gaste nuestro dinero". En plan muy solidario, esta asociación está en contacto con otras muchas de la ciudad, y con las autoridades, para convocar una gran manifestación en meses venideros, con un lema doble: "Por la seguridad ciudadana y por un Madrid más habitable". Esta manifestación sería absolutamente legal y autorizada.