La auditoría de Gil "puede originar responsabilidades penales", según el ahogado de los despedidos del club

El conocimiento de los datos facilitados por el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, en su segunda auditoría ha originado fuertes reacciones que abrirán un nuevo frente jurídico contra él. Fernando Espinosa, abogado de los despedidos del Atlético, afirmó: "Uno de los datos más graves es esa supuesta garantía de prenda, formalizada con posterioridad al anuncio de la existencia del embargo de los posibles traspasos del club, que trataré de impugnar cuando tenga esa documentación en mi poder, porque pueden derivarse responsabilidades penales por posible alzamiento de bienes". A Gil se le han exigido aclaraciones sobre ese derecho de prenda por parte del Consejo Superior de Deportes y la Liga de Clubes.Fernando Espinosa señaló ayer: "Cuando ya hay acreedores que tienen que ejecutar sus deudas, resulta que, al parecer, esos bienes se distraen o se sustraen. También podríamos encontrarnos bajo el supuesto de un autocontrato. El vicepresidente, Enrique Cerezo, no tiene poderes para firmar ese derecho de prenda porque actúa como representante del presidente y ambos podrían incurrir en posible responsabilidad penal. Y el presidente genera un incremento del pasivo del club para beneficiarse él mismo como primer prestamista. Tampoco está claro que, según esa auditoría, él se convierta en el primero que debe cobrar. No acepto ni esa deuda ni ese mecanismo de garantía".Así, el primer conflicto podría derivarse con la ejecución de la primera taquilla embargada por el abogado de los despedidos de Gil, la del partido con el Sevilla. Asimismo, fuentes del grupo de un ex candidato a la presidencia, Enrique Sánchez de León, anuncian que enviarán a Gil 50 preguntas sobre la auditoría por conducto notarial y en su condición de socios.

Gil ya tiene en su poder escritos de la Administración deportiva y la Liga pidiendo aclaraciones a su auditoría, en concreto "copia literal del documento firmado ante notario sobre esos derechos de prenda en los futuros traspasos". Entre los puntos susceptibles de explicación se pretende comprobar si en dicho documento, firmado por el vicepresidente, se recoge "la aquiescencia de los jugadores implicados: Futre, Juan Carlos, Torrecilla, Orejuela, Manolo y Donato".

La auditoría presenta aspectos anecdóticos, como el de la nota 10 de la hoja 18: "Partidas pendientes de aplicación: Efectos pagados por el club originados en la compra de un vehículo para un entrenador. Al hacerse cargo del vehículo el vicepresidente, señor Cerezo, se convierte en deudor por 3.186.536 pesetas. Se reclasifica el saldo, traspasándose a deudores diversos". La temporada anterior Gil le prometió un automóvil nuevo al segundo técnico, Antonio Briones, después de que éste prestase su carné a Maguregui.

¿Cuánto costó Futre?

Por otra parte, en la hoja 48, entre los proveedores del propio club figura el gerente, Pedro Centeno, por importe de 255.000 pesetas, mientras que en el punto 3 de la hoja 56 no se acierta a descifrar lo que costó Futre: "la dirección del club manifesta que el importe satisfecho por los derechos del jugador Futre alcanzaron los 580 millones de pesetas, importe superior a los 415 contabilizados y soportados en contrato. De esta diferencia no se ha podido aportar documento que lo justifique por lo que no ha sido objeto de contabilización".