Acusadores del caso de la colza piden que se detenga a los condenados al firmarse la sentencia

José Manuel Gómez Benítez y Francisca Sauquillo, abogados que representan a 2.500 afectados por el síndrome tóxico, han pedido al tribunal del caso, que hará pública su sentencia el 20 de mayo próximo, que si ésta es condenatoria se comunique antes a los implicados, en cuanto esté redactada y firmada, de modo que se les pueda detener en el acto para evitar que abandonen el país. "Estamos convencidos de que las medidas dictadas para evitar fugas son insuficientes", afirma Gómez Benítez, "como se ha demostrado sobradamente en otros casos". Los 38 procesados están actualmente en libertad provisional.

Los dos letrados argumentan que la sentencia es jurídicamente válida desde que está redactada y firmada, y que el requisito de darle publicidad se puede retrasar dada la trascendencia del asunto.La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva este caso, había decidido recienternente no decretar la prisión preventiva de los acusados antes de la sentencia, en contra de lo que había pedido Doris Benegas, abogada de una parte de los afectados por el envenenamiento que causó 600 muertos y cerca de 25.000 enfermos a partir de mayo de 1981.

El tribunal consideró en esa ocasión que acceder a la petición sería cometer un delito de detención ilegal, y que además no se puede tener en cuenta una sentencia no dictada. En febrero de 1985, el Tribunal Constitucional dictaminó, en respuesta a un recurso de los procesados, que era ilegal prolongar la prisión preventiva de aquéllos, por lo que fueron puestos todos en libertad.

Varias fuentes jurídicas consultadas coinciden en que las medidas precautorias, las normales en los procesos penales, son insuficientes. Una de ellas es la retirada de los pasaportes, pero, señala Gómez Benítez, "las fugas normalmente no se han producido a través de las aduanas de los aeropuertos, donde son más difíciles, sino por tierra".

Medios de vida suficientes

Los dos letrados están convencidos de que se van a producir fugas "en cuanto haya la más mínima filtración simplemente de que la sentencia es condenatoria", y temen, en concreto que ocurra en el caso de los hermanos Bengoechea, que residen en San Sebastián, y de Ramón Alabart, que vive en Reus (Tarragona), todos los cuales tienen, según sus datos, medios de vida suficientes fuera de España.

"Mi representado no se ha ido porque no se considera culpable y espera que la sentencia lo reconozca", afirma Julio Ferrer-Sama, defensor de José Miguel Bengoechea, uno de los principales implicados, "pero, desde luego, habría podido fugarse", añade. El letrado asegura que Bengoechea está en un estado de depresión "casi patológico" y que se presenta a diario en la comisaría de San Sebastián que le corresponde.

Jesús Castrillo, defensor de otro importante implicado, Ramón Alabart, opina que "no es que sea imposible", sino que es "altamente improbable" que su defendido opte por fugarse, porque "confía en el resultado del proceso". Alabart mantiene un estado de ánimo optimista, dice su abogado, que asegura que el procesado no tiene vigilancia policial, al menos de forma visible. A Ramón Alabart se le sustituyó el DNI por una cartulina de documentación al obtener la libertad provisional, en diciembre de 1984, precaución que también se observó con el resto de los ocho principales procesados.

Las otras medidas son comparecer a diario ante la Audiencia Nacional o la comisaría a la que pertenezca su domicilio; imposibilidad de obtener nuevos pasaportes, salvo autorización del juzgado; distribución de las fotografías de los procesados entre los distintos puestos fronterizos españoles y adopción de medidas de vigilancia que se estimen necesarias por parte de la policía.