El Gobierno canario no descarta la posible aplicacion de un 'IVA especial' en las islas

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, llegó ayer a Tenerife con dos ofertas en la maleta. Un IVA "suavizado" o una modificación del actual ITE. Horas antes, el presidente canario, Lorenzo Olarte, había manifestado que su Gobierno "no se opondría a la implantación de un impuesto especial que facilitara la transparencia fiscal y la gestión recaudatoria y que se adecuara al régimen fiscal insular y que fuera apropiado para financiar los cabildos y ayuntamientos". "Lo de menos", añadió, "sería si el impuesto se llamara IVA o de otra forma". Olarte recalcó que su Gobierno estaba dispuesto a "negociar con interés" todo este asunto. La reunión entre ambos, cordial y protocolaria, apenas duró media hora.

El secretario de Estado de Hacienda José Borrell y el presidente canario, Lorenzo Olarte, se reunieron ayer durante media hora en un encuentro calificado por este último como cordial y protocolario, que sirvió, fundamentalmente, para preparar las reuniones que, a partir de hoy, mantendrán los equipos técnicos de ambas administraciones.Borrell ofrecerá a los responsables autonómicos canarios un abanico de posibilidades fiscales que giran en torno a dos alternativas fundamentales para el actual REF (régimen económico y fiscal), según fuentes de la Administración central. Una de ellas supone un IVA especial, más suave y quizá con nombre distinto al aplicado en el resto de España, y la otra es una modificación del vigente impuesto sobre el tráfico de empresas (ITE).

Las relaciones entre el Ejecutivo canario y la Administración central empeoraron bruscamente a principios de enero, tras una larga época de frialdad mutua, cuando el Gobierno de coalición de centro-derecha de Olarte (CDS) tomó la decisión unilateral de no seguir rebajando los aranceles sobre la importación de productos comunitarios. El desarme arancelario de Canarias, pactado por el Gobierno español y la CE dentro del tratado de adhesión, debía concluir en 1992 con la desaparición definitiva de los aranceles. Los cabildos (corporaciones insulares) obtenían hasta ahora su fuente fundamental de ingresos precisamente de los aranceles en vías de extinción. Su asfixia financiera al no recibir de la Administración central compensaciones por los ingresos que dejaba de percibir, llevó al Gobierno canario a tomar la medida de fuerza de no proceder a la reducción arancelaria correspondiente a 1989 para forzar a Madrid a que estableciera una fórmula para la financiación de los cabildos. El Gobierno autonómico cifra en 10.500 millones la suma que sería necesaria para cubrir la deuda que ellos consideran contraída hasta ahora por Madrid frente a los cabildos.

Declaraciones altisonantes

Las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico se envenenaron tras la decisión de Olarte por una serie de declaraciones altisonantes efectuadas por altos representantes de ambas administraciones. Ayer, sin embargo, Olarte dijo afrontar la cita con Borrell "cargado de buenas intenciones" y expresó su convencimiento de que "más vale un mal arreglo que un buen pleito", refiriéndose a la posibilidad de que el conflicto fiscal fuera remitido al Tribunal Constitucional si en un mes -plazo fijado por el Gobierno central- no se alcanzara un acuerdo.

Borrell llegó a Canarias, según fuentes de Hacienda, tan "cargado de buenas intenciones" como Olarte, y con algo que "se parece más a una carta de amor que a una bomba, como es la voluntad de diálogo". Dispuesto a afrontar las conversaciones que mantendrá hasta el domingo dentro de un marco muy amplio, en el que figuraría como fondo la reforma del REF de las Canarias y con ello la necesaria reestructuración del sistema fiscal insular, además del problema puntual de los aranceles y los problemas financieros de los cabildos.

La rebelión fiscal del Gobierno autónomo, que ha contado con el apoyo de las principales organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago, ha provocado la reacción del PSOE de las islas, primer partido en votos y principal fuerza de la oposición. El PSOE se plantea, por primera vez, un posible cambio de posición sobre el modelo de adhesión canario a la Comunidad Europea. Los socialistas estudian renunciar a su anterior apoyo a la denominada opción dos (fórmula que fue la adoptada y por la cual esta comunidad quedó fuera de la Unión Aduanera y de las políticas comunitarias agrícola y pesquera) para apostar por la plena integración de las islas (opción uno en la que se encuentra el resto del territorio español). Olarte dijo ayer que con este cambio de postura los socialistas canarios pretendían "castigar" al Gobierno autonómico de centro-derecha, ironizando al señalar que lo hacían "por habernos portado mal".

Las declaraciones de destacados soialistas canarios han revelado un profundo debate interno en el PSOE canario en torno a la integración comunitaria. Ello supone un cambio sustancial en las tesis que el partido había defendido hasta ahora, ya que siempre se había pronunciado en favor de la opción dos, o que les había costado en la legislatura anterior incluso un enfrentamiento con su partido a nivel nacional y con el Gobierno de Felipe González.