Rotas las relaciones entre la corporación de Alcalá y el Ivima desde hace dos meses

Las relaciones entre la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) llevan interrumpidas desde el pasado mes de noviembre, a raíz de las declaraciones que el concejal del área, José Luis Herrero, realizó a este diario. El edil protestó por la adjudicación provisional por el Ivima de 108 viviendas sociales en el barrio Virgen del Val de la ciudad.El pasado jueves se celebró el sorteo definitivo de estas viviendas, cuyas obras finalizaron a últimos de 1987, para las que se presentaron 1.200 solicitudes de concesión. Herrero, que se quejó públicamente de los errores que contenía la lista provisional de adjudicatarios confeccionada por el Ivima, afirmó entonces que en la relación provisional se concedían viviendas sociales "a personas especialmente conflictivas, como drogadictos y delincuentes, y otras que, sin serlo, habían mentido descaradamente en los datos de su solicitud, con lo cual ciudadanos honestos en sus declaraciones se habían quedado sin viviendas".

Posteriormente, Miguel Ángel Pascual, director del Ivima, decidió, según el concejal, no volver a tener contactos con el Ayuntamiento de Alcalá. Herrero afirma que las relaciones imprescindibles entre el Ivima y el municipio se realizan ahora a través de funcionarios o del concejal de Urbanismo, Teodoro Escribano, "quien ha sido aceptado como interlocutor por el Ivima".

Por otra parte, el grupo de Izquierda Unida ha denunciado que 90 familias que figuraban en la lista provisional de concesionarios de estas viviendas han sido desplazadas en la relación definitiva por solicitantes que aparecían en la lista inicial con una puntuación más baja.