La querella contra Pilar Miró le imputa un delito castigado con penas de 12 a 20 años

La querella presentada contra la directora general del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), Pilar Miró, la acusa de un delito de malversación de caudales públicos, castigado en el Código Penal con reclusión menor (de 12 a 20 años). La Unión de Técnicos y Cuadros del Ente Público RTVE junto con un grupo de trabajadores de TVE de la Asociación de Profesionales Libres e Independientes (APLI) y ex militantes de UGT han promovido la querella contra la directora general.

En el artículo 394 del Código Penal se establece que por un delito de malversación pública se deriva reclusión menor: de un mínimo de 12 años y un día a un máximo de 20 años e inhabilitación absoluta entre 6 y 12 años. Argimiro Vázquez Guillén, procurador de los tribunales, ha actuado en representación de la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE y otras personas individuales, entre las que hay antiguos militantes de UGT y actuales afiliados a la APLI. El abogado es Gonzalo Martínez Fresneda.En esta querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid el pasado lunes, no han intervenido ni CC OO ni UGT.

Los querellantes se consideran, como ciudadanos y trabajadores de RTVE, perjudicados "tanto económica como moralmente" por los hechos denunciados, ya que estiman que suponen "un elemento de desprestigio para su centro de trabajo, de descontrol para la gestión del mismo, de descrédito para su función social y en definitiva descalificación o desmoralización ante una muestra más de esa cultura de la corrupción que afecta a nuestra sociedad".

Aunque la querellada es Pilar Miró el texto indica: "Son querellables todas aquellas personas que, en el curso de la instrucción sumarial, puedan aparecer como coautores, cómplices o encubridores del delito aquí denunciado y de sus conexos".

En la relación de los hechos argumento de la querella se vierten duras acusaciones contra Pilar Miró, de quien se dice que al llegar a la dirección del ente se propone "relanzar su propia imagen", siendo su primera decisión "hacerse con un vestuario de lujo con fondos provenientes del presupuesto del Ente Público RTVE". Los querellantes incluyen las conocidas facturas de tiendas de moda y las declaraciones sobre este asunto de Pilar Miró en el Congreso de los Diputados.

Interventora delegada

"El importe mínimo de los fondos públicos desviados, más de dos millones de pesetas", añade la querella, "está acreditado por la interventora delegada, y a esos gastos habría que añadir los realizados por la querellada en octubre, noviembre y diciembre de 1987 por el mismo procedimiento y los producidos durante 1988 hasta la fecha de hoy. El desarrollo cronológico de la actitud de la querellada respecto a su culpabilidad, desde la prepotencia y decisión firme hasta la rectificación y reintegro parcial [Pilar Miró ha devuelto más de dos millones de pesetas] de los fondos públicos distraídos, pasando por las excusas verbales, evidencia un ánimo delictivo constante e inalterable".A continuación se afirma que la actuación de Miró constituye "un delito continuado de malversación de caudales públicos, del artículo 394 del Código Penal", y se acude a la doctrina de diversos profesores penalistas para enfatizar la gravedad de los hechos. Se concluye que los hechos entran de lleno en el citado artículo 394, con las penas ya citadas.

Entre las diligencias que el procurador propone que se practiquen para la comprobación de los hechos figuran la declaración de la querellada; la declaración de Angustias Marugán, interventora delegada de RTVE; petición de las auditorías de RTVE de los años 1986 y 1987, y relación de los pagos efectuados por Miró por medio de la tarjeta Visa Oro.

El letrado y el procurador piden al juzgado que practique las diligencias y procese la querellada, con las medidas cautelares adecuadas a las penas y las responsabilidades exigibles.