El fiscal general del Estado, a favor de la inconstitucionalidad de la declaración conjunta

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ha informado a favor de que se declare inconstitucional la declaración conjunta de los matrimonios, por considerar que discrimina a éstos frente a las parejas que conviven sin casarse. Moscoso mantiene esta tesis en el informe preceptivo que ha presentado a la "autocuestión de inconstitucionalidad" que se ha planteado el Tribunal Constitucional, tras resolver favorablemente un recurso de amparo de un particular valenciano que se sentía discriminado por tener que hacer la declaración conjuntamente con su esposa.

Como la sentencia sobre este recurso de amparo -en el que ya el fiscal se mostró favorable a la inconstitucionalidad- no tiene efectos más que para el caso concreto, el Constitucional decidió iniciar una "autocuestión de inconstitucionalidad" para resolver si la ley en la que se establece la obligación de que los matrimonios declaren y tributen conjuntamente es contraria a la Constitución.Fuentes del alto tribunal consultadas por Efe indicaron que el fiscal, cuyo informe es preceptivo solicitar al igual que el del abogado del Estado, ha mantenido la misma tesis que la sentencia del recurso.

El informe ha sido elaborado por el fiscal general del Estado, como es obligatorio al tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad, a partir de un informe de la propia fiscalía del Tribunal Constitucional, cuyo titular es Francisco Hernández Gil. El informe de Moscoso se limita a apoyar la tesis favorable a la inconstitucionalidad de la tributación conjunta, pero no entra en proponer qué sistema se debe elegir entonces, por considerar que eso es algo que corresponde al Gobierno.

Fórmula polinómica

Las fuentes del Constitucional indicaron que en la futura sentencia el Tribunal deberá resolverse si son inconstitucionales los artículos de la ley tributaria en los que se regula la tributación conjunta y si los mecanismos correctores que existen actualmente, como la "fórmula polinómica" y otros que puedan arbitrarse en un futuro próximo, son suficientes para evitar la citada discriminación.Por otra parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, señaló ayer en Barcelona que este tribunal empezará a estudiar en enero si la actual ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es constitucional o no. Actualmente, informa Europa Press, el tribunal se encuentra a la espera de las alegaciones que realicen el Estado y el fiscal. Tomás y Valiente no descartó que, ante una eventual reforma legislativa, la cuestión de inconstitucionalidad quedase sin efectos, aunque señaló que "el caso sigue el trámite normal". Paralelamente, la agupación de senadores de la Democracia Cristiana (DC) ha presentado una proposición de ley a los Presupuestos del Estado para 1989 por la que se propone una reducción proporcional en todos los tipos de la escala de la tarifa del IRPF del orden de un 20%, informa Aurelio Martín.

Según el documento elaborado por la DC, que defenderá en el Pleno del Senado la próxima semana el senador democristiano Mariano Alierta, esta reducción se traducirá en un aumento de las rentas disponibles y, además, se puede conseguir que lo sea de forma inmediata en el caso de las rentas de trabajo, mediante una reducción similar de las retenciones actuales vigentes. "La propuesta", dice la DC en la justificación de la proposición, "significará una reducción de los ingresos del Estado. Pero es necesario señalar que una medida de este tipo siempre produce aumento de la recaudación por diferentes motivos, como la derivada del mayor crecimiento económico que siempre genera la mayor adecuación de las bases que los sujetos pasivos declaran al ser menores los tipos y, por otra parte, existen posibilidades de contención de los gastos del Estado".