Navascués organizó un comando de los GAL, según un activista
El industrial Víctor Navascués Gil, reconocido por el concejal Fermín Urtizberea como una de las personas que le perseguieron en dos vehículos hace cuatro días, fue acusado el pasado 27 de junio por Daniel Fernández Aceña ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de haber reclutado y dirigido en Irún (Guipúzcoa) un comandó de los GAL. Fernández Aceña, de 29 años, está condenado a casi 30 de prisión como integrante de dicho comando y coautor del asesinato del ciudadano francés JeanPierre Leiba.
El activista de los GAL señaló que en las actividades del comando participaba un agente de la Guardia Civil de Irún, llamado Andrés, con conocimiento de un sargento del mismo puesto, pero se negó a identificar al suboficial mientras no se le garantice, dijo, la buena disposición de la justicia para otorgarle, "igual que a los activistas de ETA", los beneficios de la reinserción social.
Aunque sin intervenir en las actividades del grupo, estaba informado de ellas a través del propio Aceña el jefe de la brigada de información de la comisaría de Irún, al que identifica con el apodo de Kunta. Esta circunstancia habría permitido a la policía desarticular el grupo y detener a todos sus miembros horas después del atentado contra Leiba, perpetrado el 1 de marzo de 1984. Aceña también afirma haber visto en dos ocasiones a personas próximas a Navascués con un tal Carlos, al que luego ha identificado como el subcomisario José Amedo.
Navascués, propietario de un taller de automóviles, propuso a Aceña a finales de 1982 facilitar información sobre personas vinculadas con ETA en el sur de Francia y le entregó fichas policiales de exiliados vascos para que sus datos fueran actualizados y ampliados. A cambio, le proporcionó un trabajo en la Cooperativa de Empresas Auxiliares de Aduanas, donde estaba empleado Leiba.
Según Aceña, en una ocasión se quejó a Navascués de los numerosos errores de las fichas y el industrial le contestó que ya habían amonestado a dos guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo (San Sebastián). Navascués citó al teniente coronel de este acuartelamiento como uno de los destinatarios de los datos recopilados por los informantes.
A mediados de 1983, siempre según el testimonio de Aceña ante el juez Garzón, Navascués le dijo que para sus jefes había llegado la hora de golpear a ETA con asesinatos y secuestros de activistas. Aceña reconoció ante eljuez haber facilitado la localización en un caserío de Idauze-Mendi, en el País Vasco francés, del exiliado Eugenio Gutiérrez Salazar, quien fue asesinado de un disparo efectuado a gran distancia el 25 de febrero, días antes del atentado contra Leiba.
Desde su detención, Aceña acusó a Navascués como organizador del comando y suministrador del arma para el asesinato de Leiba, pero cuando el industrial irunés se presentó voluntariamente ante la Audiencia Nacional, meses más tarde, Aceña retiró las acusaciones. En el juicio, llegó a decir que no conocía de nada a Navascués, aunque éste sí reconoció haber hablado en una ocasión con el primero. Navascués fue absuelto por falta de pruebas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.