Rechazo a las nuevas funciones del fiscal y la policía

Las críticas recibidas por los anteproyectos de ley elaborados por el Ministerio de Justicia para su tramitación urgente han coincidido de modo casi unánime en el rechazo de las nuevas atribuciones concedidas al ministerio fiscal y en la necesidad de que la actualización del Código Penal se realice de forma más reposada y coherente. Los colectivos de jueces y fiscales han sido los más destacados en sus censuras a los textos gubernamentales, que también han sido criticados por abogados, forenses y otros profesionales relacionados con la justicia.Las juntas tanto de jueces como de fiscales de Madrid y Barcelona han coincidido sustancialmente con las asociaciones progresistas y minoritarias Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales En esencia, y por lo que se refiere a la reforma procesal, el máximo rechazo se condensa en las nuevas atribuciones proyectadas para los fiscales, discutidas desde tres frentes: de un lado, por el riesgo de que tales competencias -entre las que figura el archivo de las actuaciones sin traslado al juez- pudieran instrumentalizarse por el poder ejecutivo en detrimento del judicial; de otro, por la yuxtaposición de la investigación policial, fiscal y judicial, y finalmente, por la falta de infraestructura y personal del ministerio fiscal.

El Consejo Fiscal

Menos conocida es la opinión del Consejo Fiscal, órgano colegiado de representación de la carrera fiscal, integrado por tres miembros natos y nueve electivos -siete pertenecientes a la Asociación de Fiscales, y dos, a la Unión Progresista de Fiscales-, que se reunió el pasado martes, convocado por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, quien se ha manifestado públicamente a favor de la atribución al fiscal de la investigación penal. El mencionado órgano, en un informe remitido al Ministerio de Justicia, rechaza las nuevas facultades dadas al fiscal por considerar la nueva regulación "perturbadora para la marcha del proceso" y no definirse en concreto a quién corresponde la investigación, así como por la falta de infraestructura.

El Consejo Fiscal advierte también de los riesgos de que los fiscales se conviertan en órganos legitimadores de la actuación de otras instituciones, en clara referencia, sin mencionarla, a la policía. De modo más claro, la Junta de Jueces de Madrid considera que "la práctica de reconocimiento en rueda de personas debería reservarse a la fase de investigación judicial, dejando a la preliminar policial o fiscal el reconocimiento por exhibición de juegos o álbumes de fotografías". Insisten en que un reconocimiento por percepción personal directa llevado a cabo defectuosamente puede formar en la memoria del testigo una imagen distorsionante, capaz de frustrar otras ulteriores", aparte de la necesidad de preservar el principio constitucional de la inmediación judicial.

En cuanto a la proyectada actualización del Código Penal, el criterio general mantenido es que el trámite de urgencia no es el adecuado para esta reforma, así como que resulta inapropiado para modificar cuestiones tan polémicas como la autorización de esterilización de incapaces, el delito de riña, el de imprudencia temeraria o el nuevo tratamiento penal de las lesiones o la violación.