Europa como coartada

EL MINISTRO para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, anunció a los representantes de la oposición en la Junta de Portavoces del Congreso que en adelante, y especialmente durante el primer semestre de 1989, en que España ocupará la presidencia de la Comunidad Europea (CE), los ministros apenas comparecerán en las sesiones parlamentarias de control al Gobierno. Zapatero explicó que la presidencia española obligará a los ministros a realizar frecuentes viajes a Bruselas, a fin de presidir las comisiones respectivas, y que no siempre será posible adecuar el calendario europeo a las comparecencias semanales. El ministro de las Relaciones con las Cortes sugirió la posibilidad de que fueran los subsecretarios, u otra persona especialmente designada por cada departamento, quienes respondieran a las preguntas e interpelaciones de la oposición. Otra posibilidad, ya utilizada en ocasiones, es que sea el propio ministro de las Relaciones con las Cortes quien sustituya sistemáticamente a los ministros ausentes por viajes u otros motivos.El asunto puede despacharse desde consideraciones estrictamente técnicas y, en tal caso, se podría llegar a considerar razonable la propuesta de Zapatero. Pero cabe también una reflexión algo más general sobre lo que el caso tiene en sí mismo de síntoma de deterioro de la institución parlamentaria. De las tres funciones principales del Parlamento -elegir al Gobierno, legislar y controlar al Ejecutivo- esta última tiende hoy a ser considerada como la más importante y característica del sistema representativo. Dando por supuesto que la posibilidad de alternancia en el Gobierno constituye la esencia del sistema democrático, la fiscalización y control de la acción del Ejecutivo por parte de la oposición y la difusión de los debates correspondientes a través de los medios de comunicación- se convierte en la principal fuente de información de la ciudadanía para, modificando el sentido de su voto, conformar una nueva mayoría y por tanto un nuevo Ejecutivo.

Ello se ve reforzado por algunas tendencias desarrolladas en la práctica del sistema parlamentario y que contradicen parcialmente su fundamento. Así, el creciente protagonismo de las negociaciones y pactos extraparlamentarios entre grupos de interés -patronales y sindicatos, por ejemplo- a la hora de definir la actuación política. O la negación del principio de transparencia de la actuación pública en nombre de la razón de Estado. Frente a estas limitaciones del principio representativo, la función parlamentaria de control actúa como corrector que impide la degeneración de las instituciones: el Gobierno, que sabe que los ciudadanos juzgarán su gestión en las siguientes elecciones, se verá obligado a limitar su tendencia a sustraer al Parlamento aquellos asuntos considerados más comprometidos o sus decisiones menos populares. El control tiene también el efecto de recabar del Gobierno aquellas informaciones sin cuyo conocimiento difícilmente podrá la oposición elaborar un programa alternativo al del partido gobernante.

En las condiciones concretas de la España actual, con un partido que dispone de mayoría absoluta y una oposición muy dividida e ineficaz -y con una corta experiencia democrática-, la tentación de abusar de las prerrogativas del poder en perjuicio de la soberanía de las Cámaras es mayor que en otros países de nuestra área. También existe mayoría absoluta en el Reino Unido, lo que no impide que la primera ministra acuda todas las semanas al Parlamento para someterse a las preguntas e interpelaciones de la oposición. Las declaraciones de Felipe González o Alfonso Guerra sobre su preocupación ante la inepcia de la oposición resultarían mucho más verosímiles si demostrasen prácticamente que entre sus prioridades figura el impulso de la vida parlamentaria, incluido el fortalecimiento de la función de fiscalización y control del Ejecutivo. Y ello es contradictorio con la propuesta de Zapatero. Por mucho que se utilice a la CE como coartada.