Un refuerzo de 51 jueces y 670 funcionarios ayudará a desbloquear los 254 órganos judiciales mas congestionados

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el plan de medidas urgentes para poner a punto un total de 254 órganos judiciales con elevado volumen de atrasos o falta de personal para atender los asuntos que debe tramitar. Entre las medidas, adoptadas a iniciativa de las asociaciones judiciales, figura la adscripción o comisión de servicio de 51 jueces a otros tantos juzgados, así como la ampliación definitiva o transitoria de otros 670 funcionarios judiciales. El Ministerio de Justicia se han comprometido a financiar el plan y a aprobar las medidas que le competen.

Según resaltó el portavoz del Consejo, José Luis Calvo -que compareció ante los informadores acompañado del jefe de Prensa del CGPJ, Agustín Zurita-, este plan de urgencia es independiente de las dotaciones previstas en la futura ley de Planta y Demarcación y tampoco debe confundirse con la relación de necesidades urgentes para 1989 remitidas por el CGPJ al Gobierno. El origen del plan urgente son las peticiones planteadas por las asociaciones judiciales y asumidas por la mayoría del Consejo el 29 de abril último, entre las que figuraba "la preocupante situación de numerosos órganos jurisdiccionales", que no podía esperar a la aprobación de los módulos de trabajo, otra de las reivindicaciones judiciales, pendiente todavía de decidir sobre si se contrata o no una empresa evaluadora.

Junto al refuerzo de 51 jueces y magistrados, la ampliación definitiva, transitoria o en comisión de servicio del resto del personal judicial afecta a un total de ocho secretarios, 194 oficiales, 379 auxiliares y 89 agentes. A diferencia de los jueces y magistrados, que dependen del CGPJ, la competencia para la dotación de estos último 670 funcionarios corresponde al Ministerio de Justicia, con el que, según Calvo, ya existe un compromiso, igual que sobre otras medidas del plan de urgencia, cuya implantación "debe ser simultánea en todo el territorio nacional". Las comisiones de servicio durarán un año prorrogable.

Financiación sin problemas

El portavoz señaló que la cuantificación del plan urgente la realizará el Ministerio de Justicia, y aseguró que para su financiación "no existen problemas presupuestarios". El seguimiento del cumplimiento del plan lo realizará el CGPL Calvo resaltó la eficacia de otro plan similar, el realizado para desatascar el Tribunal Central de Trabajo, que de un total de 10.000 asuntos anuales ha pasado a tramitar 30.000, gracias al refuerzo de 35 magistrados en comisión de servicio.

Respecto a otra de las reivindicaciones asociativas, la relativa a la remuneración de jueces y magistrados, Calvo informó que el aumento anunciado de un 28% o 3051. en dos años "no es consecuencia del diálogo que sobre esa materia mantiene el Consejo con el Ministerio de Justicia". El portavoz se negó a comentar este aumento, si Sien aseguró, sonriente, que "el sistema retributivo no ha sido todavía fijado". Sobre las quejas manifestadas por otros colectivos de funcionarios judiciales, que consideran discriminatorio el aumento de los sueldos judiciales, Calvo estimó "correcto que defiendan sus derechos", pero recordó que este personal "no depende del CGPJ, por lo que el Consejo no puede asumir sus reivindicaciones".

En relación con la oferta realizada hace unos meses por el presidente del Gobierno, Felipe González, al presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, sobre la participación del Consejo en la elaboración de los presupuestos de la Administración de Justicia, Calvo reconoció que, por lo que se refiere a los de 1989, "no se ha producido".

La iniciativa de González, que significaba en la práctica la ampliación, en un aspecto decisivo, de las escasas competencias del Consejo, fue muy bien recibida, de forma especialmente elogiosa, por las asociaciones judiciales.

Reforma procesal penal

Según informó el portavoz, el CGPJ celebrará la próxima semana un pleno extraordinario para informar el anteproyecto de ley de reforma procesal penal remitido por el Ministerio de Justicia por procedimiento de urgencia. La futura ley, que el Gobierno pretende que entre en vigor el 1 de enero de 1989, trata de ofrecer una respuesta legislativa al requerimiento del Tribunal Constitucional en favor de la incompatibilidad del juez para instruir y juzgar una misma causa. En cuanto a las medidas provisionales sugeridas por el Consejo para solucionar el atasco producido por la sentencia de 12 de julio del alto tribunal, Calvo afirmó que están teniendo "bastante buena aceptación".

El portavoz recordó que se trata en todo caso de normas indicativas y que corresponde a las juntas de jueces y a las audiencias territoriales adoptar las medidas concretas. Según fuentes jurídicas, en algunas audiencias territoriales, entre ellas la de Madrid, se han producido disidencias entre sus juntas de gobierno y las juntas de jueces.