Los 26 trabajadores de Foarsa, condenados a multas de 50.000 y 20.000 pesetas
A sendas multas de 50.000 y 20.000 pesetas ha condenado el juez de instrucción de Reinosa, Ignacio Pando, a los 26 trabajadores de Forjas y Aceros (Foarsa) de Reinosa que retuvieron durante los días 11 y 12 de marzo de 1987 en el recinto de la fábrica al presidente, Enrique Antolín.
En la sentencia, de 15 folios, el juez les hace responsables de un delito de coacciones previsto y penado en el artículo 496 del Código Penal concurriendo la atenuante analógica del delito de muchedumbre y la eximente incompleta del estado de necesidad previsto en los artículos 9.10 y 9.1 en relación con el 8.7 del Código Penal.Los condenados deberán, en caso de impago, sufrir un día de arresto sustitutorio por cada 2.000 pesetas. Asimismo, indemnizarán a la empresa Forjas y Aceros, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad de 574.905 pesetas por los daños ocasionados a las instalaciones en el curso de la liberación de Antolín por las fuerzas de orden público en las primeras horas del 12 de marzo. Los encartados son también condenados al pago de las costas correspondientes.
El juicio oral se había celebrado en el juzgado de instrucción de Reinosa durante los días 20 y 21 pasados. En el curso de la vista, el fiscal José Ignacio Tejido elevó a definitivas sus conclusiones provisionales; pedía para los procesados la pena de tres meses de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio, caso de impago, accesorias y costas.
En los fundamentos del derecho, el juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de la autoría de la acción que se desarrolló a lo largo de las horas que mediaron entre la llegada del presidente, Antolín, a la fábrica hasta su rescate por las fuerzas antidisturbios al día siguiente. Según el juez, durante ese tiempo los directivos se vieron compelidos a efectuar lo que no quisieron, esto es, permanecer en el recinto fabril y negociar los puntos que no tenían previsto negociar.
Los trabajadores tienen un plazo de cinco días para presentar una apelación.
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