IU propone proteger la intimidad frente a los bancos de datos estatales

Ningún organismo del Estado podrá recabar datos sobre personas en relación con sus opiniones políticas, filosóficas, religiosas, comportamiento sexual, vida famillar, origen racial o uso de sustancias alcohólicas o tóxicas, si prospera la proposición de ley orgánica presentada ayer en el Congreso por Izquierda Unida (IU) para la Protección de los Derechos y Libertades en relación con el uso de la informática y las telecomunicaciones. El Gobierno tiene preparada su propia ley desde hace tiempo, pero no la ha presentado en las Cortes "por diferencias internas", según un alto cargo del Gobierno.Las fuentes gubernamentales consultadas mostraron ayer su satisfacción porque la iniciativa de IU "desbloquee la situación" al presentar esta ley que tiene como objetivo básico la defensa del derecho a la intimidad personal. Ello reabrirá el debate entre los partidos y obligará a los socialistas a aceptar este proyecto de IU o defender el suyo propio.

En el preámbulo de esta ley, que IU ha estructurado en su totalidad, se dice que "el legislador se ha planteado, como objetivo, rebasar el estricto ámbito de la privacidad frente a las tecnologías de la información, porque el avance tecnológico afecta a la propia identidad".

La técnicas de protección que pone en práctica la ley se apoyan en determinados principios como la no obligatoriedad de suministrar "datos sensibles"; el tratamiento de datos de acuerdo a las finalidades para las que han sido obtenidos; la exactitud y seguridad de los datos y la no transferencia a terceros.

Los autores de la ley afirman que datos de carácter personal o "sensibles" son aquellos relacionados con personas físicas o jurídicas que afecten a su identidad. Ciertos datos sólo podrán obtenerse con el consentimiento expreso del interesado, que deberá ser informado de su derecho a rehusar al respecto.

La ley regula la creación de la Comisión Nacional para la Telemática y la protección de los Derechos y Libertades, compuesta por parlamentarios, juristas, y personas de la Administración, representantes de empresarios y trabajadores y del Consejo de Universidades.