Educación pretende salvar el curso ordenando a los profesores examinar

El Mínisterio de Educación reaccionó ayer a la propuesta de huelga indefinida de los profesores en junio con un decreto de servicios mínimos que pretende garantizar, ante todo, las evaluaciones finales, y "todas aquellas pruebas que permitan la valoración objetiva del rendimiento académico de los alumnos". Entre tanto, en diversas asambleas se han aprobado resoluciones contra la realización de exámenes, porque ello supondría de alguna manera "entrar en clase".

La orden entrará en vigor hoy, día en que están convocados nuevos paros. El incumplimiento de los servicios mínimos, que afectan a todos los profesores, puede ser considerado falta grave y sancionado, según fuentes ministeriales, con la suspensión de funciones entre tres y seis años.Los directores generales de Personal, Gonzalo Junoy, y de Centros, Concha Toquero, informaron a los miembros del comité estatal de huelga -integrado actualmente por los sindicatos CC OO, UCSTE, ANPE, CSIF, FETE-UGT y STEC- del contenido de la orden de servicios mínimos, que calificaron de inevitable para "conciliar dos derechos básicos: el derecho a la educación y el derecho a la huelga", señaló Toquero.

Estos servicios mínimos no afectan a la continuidad de las clases, cuya realización quedaría suspendida si los claustros refrendan la huelga indefinida prevista a partir del 31 de mayo. No obstante, la Administración señala que los servicios mínimos ahora establecidos lo son "sin perjuicio de que la evolución y caracteristicas de la huelga aconsejen completar las garantías del derecho a la formación de los alumnos". Los portavoces de los sindicatos mostraron su desacuerdo con esta decisión de la Administración, "que quiere garantizar algo que nosotros mismos podíamos hacer", explicaron. Los portavoces sindicales indicaron que es previsible que la orden sea recurrida una vez que los asesores jurídicos la examinen de forma minuciosa.

Algunos sindicalistas consideraban ayer un "exceso" la huelga indefinida, que, sin embargo, está obteniendo un alto respaldo en las asambleas de zona, lo que obliga a los sindicatos a convocarla, en opinión de las citadas fuentes. La mayor radicalización del profesorado ante el conflicto ha quedado refiejada en las asambleas de centros que se han realizado en toda España.

Los servicios mínimos afectan al territorio que gestiona el Ministerío de Educación. Entre las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias plenas en Educación, sólo la Xunta de Galicia ha dictado hasta ahora servicios mínimos.

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