Relaciones por correspondencia

Las relaciones entre la presidencia del Gobierno vasco y la delegación del Gobierno central en Euskadi atraviesan el peor momento de su historia. El veto de hecho formulado por el lehendakari, José Antonio Ardanza, a Julen Elgorriaga puede provocar consecuencias delicadas en la comunidad autónoma donde la coordinación entre las dos Administraciones es más necesaria y problemática. El cierre del astillero Euskalduna sin ningún tipo de consulta previa al Gobierno vasco desencadenó la tormenta. Los dos políticos mantuvieron a propósito del orden público una polémica epistolar.

Coacción, injerencia, amenazas intolerables, extralimitación en sus funciones. Todas estas acusaciones han sido formuladas desde Ajuria Enea, el palacio de Vitoria donde se encuentra la presidencia del Gobierno vasco, contra el delegado del Ejecutivo central, Julen Elgorriaga, y el gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López."Se acabó, con este señor no hay nada que hacer. No se puede hablar y no vamos a hablar más". Frases como éstas se han escuchado en los últimos días en los pasillos de Ajuria Enea. Elgorriaga replica que está tranquilo. "Hay otros problemas más importantes de los que ocuparse", explica. Medios de la presidencia del Gobierno de Vitoria afirman que González, a quien Ardanza ha solicitado públicamente la destitución del delegado y del gobernador, está obligado a sustituir a sus representantes en Euskadi. "El lehendakari no va a recibir más a Elgorriaga y las cosas pueden complicarse", señalan.

El delegado del Gobierno centraI en el País Vasco, interlocutor de ETA Militar en los últimos contactos mantenidos en Argel y suspendidos tras el secuestro del empresario Emiliano Revilla, fue también el encargado de informar personalmente a Ardanza del desarrollo de las conversaciones con la banda terrorista.

Desde aquel momento, hace tres meses, los máximos representantes de las dos administraciones en Euskadi no han vuelto a tener una charla. Las relaciones siempre han sido gélidas desde que el anterior delegado del Gobierno central, Ramón Jáuregui, abandonara ese cargo para incorporarse a la vicepresidencia del nuevo Gabinete vasco de coalición entre los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco, formado en la primavera de 1987. La coordinación de ambos Gobiernos en materias como el orden público, la lucha contra el terrorismo y el despliegue de la Ertzaintza (policía autonónica) puede resultar afectada.

En la misma acera

La presidencia y la delegación se encuentran en la misma calle de Vitoria, en la misma acera incluso. La primera ocupa el número 5 del paseo de Fray Francisco y la segunda el número 17. Pese a la proximidad física, Elgorriaga escogió la comunicación escrita para hacer saber al lehendakari sus criterios sobre la posible orden de reapertura de Euskalduna.Esta decisión corresponde a la delegación de la Consejería de Trabajo, cuyo titular es el nacionalista José Ignacio Arrieta. La resolución debe basarse en el informe de la Inspección de Trabajo, dependiente de la Administración central.

La carta, fechada el 11 de mayo, dos días después del cierre del astillero, informa del respaldo de la Administración del Estado a la medida patronal, "sin entrar a valorar las relaciones" de la empresa AESA con sus empleados. Elgorriaga expone como motivo la eliminación de "un foco permanente de tensión y conflictos".

El delegado pide al lehendakari "la máxima coincidencia entre Administraciones", para advertirle a renglón seguido: "Si ( ... ) las autoridades dependientes de esa comunidad autónoma no consideran que la reapertura pueda producir desórdenes, la Administración del Estado procedería a la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las inmediaciones de la factoría, que quedaría bajo la responsabilidad del cuerpo de policía de la comunidad autónoma".

Al día siguiente, 12 de mayo, el gobernador civil de Vizcaya presenta un escrito ante la delegación provincial de Trabajo. Son "razones de orden público las que motivan el cierre de la empresa", subraya Iñaki López en su escrito, y "se entiende que la competencia para juzgar desórdenes públicos" no corresponde a la Inspección de Trabajo, autonómica, sino a los cuerpos de seguridad, estatales, bajo el mando del gobernador civil.

La autoridad laboral, asegura López, "debe fundarse en la existencia de razones de orden público y en base al informe de la autoridad competente". De lo contrario, añade, se estarán asumiendo decisiones no relacionadas con sus verdaderas causas y, "consecuentemente, la autoridad responsable hasta el momento del orden público no está obligada a asumir las consecuencias de una decisión que, tal y como le ha sido manifestado, no comparte". La responsabilidad pasaría, según el gobernador, a la comunidad autónoma.

La réplica del lehendakari se produce el día 13, también por conducto epistolar. Ardanza dice a Elgorriaga que la autoridad laboral tendrá en cuenta todas las circunstancias, como es su deber, incluidas las relaciones de la empresa con sus empleados, y expone su preocupación por el contenido del último párrafo de su escrito, en el que V. E. me anuncia, por no decir me amenaza, con la retirada" de la policía del Estado.

El conflicto de Euskalduna "es eminentemente laboral y sólo derivadamente de orden público", escribe el lehendakari, y sería difícil discernir si "se agudizaría más con la reapertura que con la continuación del cierre, a la vista del escaso efecto pacificador que éste ha tenido hasta el momento". La policía del Estado seguirá siendo responsable de velar por el orden en la zona, añade Ardanza, toda vez que la Ertzaintza no ha sido desplegada aún en Bilbao.

Precipitado y grave

"No deja de sorprenderme su disposición favorable a efectuar un repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una manera tan precipitada e incluso irregular", le dice el lehendakari al delegado, "cuando V. E. ha realizado reiteradas declaraciones públicas en contra de tal retirada". Ardanza califica de imprudente, precipitado y grave dejación de responsabilidad el anuncio de retirada policial.

El punto final de la polémica correspondencia lo ponía el mismo día 13 Julen Elgorriaga. Recordaba al lehendakari los graves disturbios promovidos por los trabajadores excedentes de Euskalduna, con cortes de tráfico, personas lesionadas y agresiones a la fuerza pública, y reiteraba -"para que V. E. la conozca y no se sorprenda más en lo sucesivo"- su posición favorable a la permanencia en el País Vasco, mientras exista el terrorismo, de un contingente de la policía del Estado superior al preciso en circunstancias normales.

El delegado del Gobierno central afirma que éste ha sido "hasta la fecha" responsable del orden público en las inmediaciones del astillero y reitera que la comunidad autónoma "se subroga en las responsabilidades" en esta materia si "la autoridad laboral resuelve este expediente en contra de la autoridad responsable del mantenimiento del orden público".

El astillero fue reabierto por orden de la autoridad laboral el lunes 16 de mayo. El Cuerpo Nacional de Policía se retiró de inmediato de las instalaciones y no ha vuelto al puente de Deusto, escenario de los habituales enfrentamientos. Tampoco los trabajadores han intentado cortar el puente. "Es una situación delicada", indican, "y no queremos meternos en medio. A nosotros nos da igual que venga una policía u otra".

Los choques callejeros pueden reproducirse después del próximo día 22, cuando se conozcan las rescisiones de contratos de los trabajadores excedentes del astillero. El consejero de Interior vasco, el peneuvista Luis María Retolaza, ha manifestado ya su disposición a "echar una mano" al Cuerpo Nacional de Policía "si se ven incapaces para controlar el orden público y nos pidiesen colaboración".