"Hay muchos 'Nanis' y muchos Manzanos"

La falta de respuesta de Interior a los iniciales requerimientos del Defensor del Pueblo sobre la queja formulada por Ángel Manzano o sobre el caso el Nani permite a las personas de esta institución abrigar la sospecha de que cuando las acusaciones de torturas o malos tratos no adquieren notoriedad pública "hay muchos Nanis y muchos Manzanos".Angel Manzano Rubio presentó su queja en diciembre de 1983. La respuesta remitida el 16 de enero de 1984 por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo consistió en una nota informativa elaborada por la Dirección General de la Policía, que contenía la versión policial de los hechos, y fotocopias de partes facultativos sobre la asistencia prestada a Manzano y a dos policías. No se hacía referencia a ningún expediente abierto.

Ante la publicación de nuevos hechos, el Defensor del Pueblo recabó de Interior información de si se había abierto algún expediente o información gubernativa o se habían adoptadomedidas en relación con los funcionarios policiales que detuvieron a Ángel Manzano y Santiago Corella.

Expediente archivado

El Ministerio del Interior informó sobre el expediente disciplinario formal iniciado el 9 de junio de 1984, archivado por la Dirección General de la Policía el 31 de enero de 1986, tras recabar dictamen de los Servicios Jurídicos del Ministerio del Interior. De acuerdo con lo solicitado por el instructor del expediente, el motivo del archivo fue "no apreciarse en la conducta de los expresados funcionarios infracción disciplinaria alguna".Sólo después de publicarse unas declaraciones del joyero Federico Venero, Interior se vio obligado, en mayo y julio de 1986, a abrir expedientes, todavía no cerrados, así como a suspender provisionalmente en sus funciones a tres policías.

Los casos estudiados por el Defensor del Pueblo muestran que la existencia de una actuación judicial sirve de pretexto a la pasividad gubernativa, mientras que cuando los órganos judiciales no actúan contra los policías, Interior justifica la pasividad en que los jueces no actuaron.