La huelga de los interventores del gasto público amenaza con paralizar la Administración

, Los interventores del Estado iniciaron ayer la huelga convocada para cuatro días y decidieron mantener una actitud de celo desde la próxima semana si no logran sus reivindicaciones, que resumen en remediar el deterioro que denuncian en el control del gasto público. La repercusión del paro en la actividad administrativa ha sido mínima, a pesar de que los implicados deben poner su firma en todas las órdenes de pago e incluso en algunas de ingreso. Pero en los próximos días, y sobre todo la próxima semana, cuando se empiezan a tramitar las nóminas, podría haber grandes trastornos.

El seguimiento de la huelga fue generalizado entre el centenar y medio de interventores convocados, según fuentes de Hacienda y de la asociación profesional de inspectores de finanzas del Estado procedentes del antiguo cuerpo de intervención y contabilidad.La mayor parte de ellos estuvieron reunidos en una asamblea, tras la cual se informó que el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, no había respondido a sus reinvindicaciones, por lo que la asociación estudia el elevarlas directamente a Carlos Solchaga.

La secretaría de Borrell declaró a primera hora de la noche que las consecuencias del paro y las medidas para paliarlas sólo podrán ser evaluadas en los próximos días. Agregó que se pide esencialmente dinero, un plus de productividad como los inspectores tributarios, pero que ceder sería ir en contra de la finalidad del plus. Felipe Turiel, presidente de la asociación, y los portavoces de los interventores afirmaron que sus reivindicaciones no sólo son económicas. Y añadieron que el conflicto seguirá incluso si la Administración se limita a "poner sobre la mesa 50 millones de pesetas".

Las reivindicaciones.

"El problema es que no estamos satisfechos con el control interno del gasto público" dijo Turiel, quien añadió: "Desde 1982, los gastos no financieros del Estado se han multiplicado por 2,12 [desde 3,7 a 8,2 billones de pesetas en 1987] y los ingresos se han multiplicado por 2,65% [desde 2,6 a 7 billones de pesetas], mientras que el número de interventores ha descendido en el mismo período desde 201 a 150". Otras fuentes insisten que la prioridad defendida por Borrell es elevar el ingreso como sea, relegando a un segundo plano el destino y la eficacia del gasto.

Las reivindicaciones formuladas ayer en asamblea pueden resumirse en cinco puntos: mayores medios humanos y económicos, una política retributiva que frene la marcha de interventores a otras áreas de la Administración, terminar con la falta de independencia de los órganos de control respecto de algunos de los órganos controlados [por ejemplo, a los interventores de provincias les paga el delegado de Hacienda, cuyos gastos deben ser controlados por los interventores], remediar la deficiente normativa que rige el control interno, y reglamentar la ley que en 1984 integró a los diversos cuerpos de Hacienda en el cuerpo superior de inspectores de finanzas.

Esta ley debe cumplirse en el sentido de otorgar a todos el mismo trato" precisó Turiel en clara referencia al complemento de productividad logrado por los inspectores tributarios, de unas 450.000 pesetas para cada uno durante el segundo semestre de 1987. "De otra forma, que vaya Borrell al Parlamento y reconozca que se equivocó al defender la integración de los cuatro cuerpos".

La petición de medios humanos la concretaron en que se incluyan en el catálogo de puestos de trabajo los medios necesarios para cumplir la orden de noviembre de 1987, que asignó mayores funciones a la intervención. Pretenden así que salgan a oferta pública de empleo medio centenar de puestos de interventores, otro centenar para los. órganos de gestión y otros dos centenares de auxiliares y administrativos.