Interior se contradice en dos informes oficiales sobre el 'caso el Nani'

La Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid y la Unidad Especial de Policía Judicial -Tepol-, ambas dependientes de Ministerio del Interior, han remitido sendos informes al tribunal del caso el Nani, cuya vista oral comienza mañana que se contradicen sobre la cifra de delincuentes comunes a quienes se aplicó la ley antiterrorista entre 1981 y 1983. El 12 de noviembre de este último año desapareció Santiago Corella después de que se le aplicase esa legislación especial en dependencias de aquella brigada.

La brigada regional, a la que pertenecen los siete agentes que mañana comparecerEm como acusados ante la Sección Cuarta de la Audientia Provincial de Madrid remitió en enero de 1987 al juez instructor, Andrés Martínez Arrieta, un oficio relativo -a la aplicación de la ley antiterrorista a delincuentes comunes "integrados en bandas armadas" o supuestamente participantes "en delitos que incidían gravemente en la seguridad ciudadana". Según este texto, la Ley 1111980 [antiterroristal se aplicó en 1983 a 128 delincuentes en tales circunstancias; en 1982, a 109, y en 1981,al95.Estos datos, según el mismo documento de la brigada, se refenan exclusivamente al ámbito de actuación de la misma -que comprende las provincias de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaj ara y Toledo-, y remitía al juez a la Tepol para recabar datos sobre toda España.

El oficio de la Tepol, que ayer llegó a la Audiencia, indica, de su lado, las siguientes cifras de delincuentes "integrados en bandas armadas" a quienes se aplicó la citada legislación: 59 personas en 1983; 96, en 1982, y 145 en 1981.

La Tepol es la sección competente para canalizar al ministro del Interior las peticiones sobre aplicación de la ley antiterrorista de todas las brigadas policiales españolas. Por tanto, Interior da una cifra más baja para el total nacional que la ofrecida antes exclusivamente para la región policial de Centro.

Letrados de la acusación popular y de la defensa de uno de los procesados en el caso señalaron que este hecho demuestra la falta de control de las autoridades políticas del departamento que encabeza José Barrionuevo sobre la aplicación de la ley antiterrorista.

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